Esas incidencias judiciales mantienen estancado el proceso que los tres militares enfrentan por la matanza de más de mil 700 indígenas ixiles entre 1982 y 1983, en el marco del conflicto armado que vivió Guatemala entre 1960-1996.

La Fiscalía imputa a Ríos Montt, quien gobernó de facto Guatemala entre 1982 y 1983, a José Rodríguez y a Héctor López, los delitos de genocidio y delitos de lesa humanidad, y solo una vez resueltos la totalidad de los recursos presentados por los defensores el juez podrá decidir si los enjuicia o no.

César Calderón, abogado del general retirado José Rodríguez, alegó este lunes que Gálvez no tenía competencia para conocer el caso de genocidio porque su tribunal fue creado en 2009, después de los hechos que le imputan a su cliente.

Danilo Rodríguez y Moisés Galindo, los defensores de Ríos Montt y Héctor López, respectivamente, se unieron a la argumentación Calderón, la cual fue refutada por el fiscal del caso, Orlando López y los querellantes adheridos: el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos y la Asociación Justicia y Reconciliación.

El fiscal y los querellantes coincidieron en que el tribunal que preside Gálvez ya existía antes de 1980 y que en 2009 un decreto del Congreso, que fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia, solo amplió su competencia, para que conociera casos de alto riesgo.

En la audiencia de este lunes, Gálvez recalcó que él fue designado hace un año por la Cámara Penal del Supremo para conocer el proceso y que en su momento, tanto la defensa como el fiscal y los querellantes consintieron su nombramiento.

“¿Por qué (los abogados) no advirtieron a la Cámara Penal de la incompetencia del juez cuando recibió el caso? Me llama poderosamente la atención que después de un año de estar al frente del proceso, los defensores de los militares retirados invoquen la supuesta falta de competencia”, subrayó Gálvez.

Ríos Montt se encuentra bajo arresto domiciliar desde que se presentó de forma voluntaria hace un año a los tribunales de justicia, y fue el único que asistió ese lunes a la audiencia judicial.

López y Rodríguez, detenidos en junio y octubre del 2011, respectivamente, se recluyeron en el hospital militar alegando padecimientos de salud y fueron representados por sus abogados.