La judicatura sentenció a García Arredondo a entregar Q1.5 millones a la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, quien deberá compartir esa cifra con sus tres hermanos: Arita, Vicente y Marta, declarados agraviados por la muerte de su padre, Vicente Menchú, en el siniestro.

También tendrá que pagar cantidades similares a Sergio Vi Escobar, hijo de Gaspar Vi Vi; Rodolfo Anleu, hijo de María Lucrecia Rivas; Agustina Xitumul, esposa de Francisco Chen; Rafael González, hermano de Juan José Yos, y a Juan López Camajá, hijo de Juan López Yac.

Además, las juezas indicaron que los familiares de las otras 31 víctimas del incendio tendrán la oportunidad de solicitar resarcimiento en un juzgado Civil, donde podrán accionar contra García Arredondo.

La solicitud de reparación digna que los agraviados hicieron durante la mañana fue de Q72.2 millones y se incluían montos por daños morales y emergentes, proyecto de vida y lucro cesante.

 Tres de los motivos fueron rechazados por la judicatura. El Tribunal también negó la solicitud de Vi Escobar de ordenar al presidente de la República que ofreciera disculpas por lo ocurrido en la embajada española, así como otra serie de peticiones que incluían la colocación de plaquetas en las que constara el pronunciamiento con la petición de perdón del Estado.

Condenado

El exjefe policial fue declarado culpable del siniestro, el pasado 19 de enero, cuando el Tribunal lo sentenció a cumplir una condena de 90 años de prisión inconmutable por no haber evitado que los agentes a su cargo asaltaran la sede diplomática, así como por haber girado instrucciones para que agredieran a los ocupantes de la Embajada y  asesinaran a dos estudiantes universitarios, dos días después del hecho.

García Arredondo incurrió en asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra los deberes de humanidad. Además, cumple una condena de 70 años de prisión por la desaparición forzada del estudiante universitario Édgar Sáenz Calito.

Querellante

Estado intervino

La abogada Lucía Xiloj, representante del querellante Sergio Vi Escobar, explicó que, debido a que Pedro García Arredondo era empleado público, el Estado es solidariamente responsable del pago de la reparación digna para los familiares de las víctimas, impuesta contra él exfuncionario, como responsable de la quema de la Embajada de España, extremo que se estableció durante el juicio.

Defensa

Rechazar a solicitantes

El abogado Moisés Galindo, defensor del exjefe del Comando Seis de la desaparecida Policía Nacional, se opuso a que el Tribunal   aceptara las solicitudes de reparación digna a familiares de víctimas que no fueron querellantes en el proceso seguido contra su cliente. Explicó que no era el momento para agregar la personería de agraviados en el caso.

Quema de  Embajada

La quema de la Embajada de España se registró el 31 de enero de 1980, cuando un comando de agentes de la Policía Nacional asaltó la sede diplomática.

Las fuerzas  policiales, dirigidas por Pedro García Arredondo, entonces jefe del Comando Seis, ingresaron en la sede diplomática sin habérselo solicitado al embajador  Máximo Cajal y López.

Como resultado del siniestro, 37 personas murieron carbonizadas. Los peritajes establecieron que tenían quemaduras de tercer y cuarto grados en más del 75 por ciento del cuerpo.