El atolladero jurídico surgió en octubre de 2013 cuando la Corte de Constitucionalidad (CC), aceptó un recurso a favor de Ríos Montt, quien gobernó de facto entre 1982 y 1983, en el marco de una guerra civil que duró 36 años (1960-1996).

La CC pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) exponer los argumentos del porqué un juzgado le denegó en marzo de 2012 al exdictador una amnistía concedida a militares e insurgentes en 1986, aplicable a los delitos cometidos durante la guerra a partir de 1982.

Para cumplir el requerimiento, la CSJ ha enviado el expediente a tres salas judiciales, dos ordinarias y una especial, pero cerca de 100 jueces se han excusado de conocer el caso.

Han argumentado no poder resolver por tener impugnaciones, porque no les corresponde a su tribunal, por asuntos personales o por considerar que podrían ser recusados tras haber emitido opinión durante el proceso.

Ríos Montt, de 87 años, perdió la inmunidad de que gozaba como parlamentario en enero 2012 y ahí empezó el proceso que derivó en mayo de 2013 en una histórica condena de 80 años de prisión por genocidio, responsabilizado de la matanza de mil 771 indígenas mayas ixiles, durante su régimen.

Pero la CC anuló diez días después la sentencia alegando errores procesales y ordenó un nuevo juicio para el 5 de enero de 2015, paralelamente al proceso de amnistía.

“Malicia” o “cobardía”

Para Gutiérrez, los jueces “no encuentran la forma” de resolver el asunto ante lo complicado del proceso por genocidio, sin precedentes en la justicia guatemalteca.

En una sociedad dividida, como secuela de la guerra, sectores de derecha y afines a los militares criticaron fuertemente a la jueza Jazmín Barrios, presidenta del tribunal que condenó a Ríos Montt.

Francisco Palomo, abogado del exdictador, dijo no comprender “muy bien” los motivos de los jueces para evadir el mandato de la CC.

“Hay gente que es más cobarde que otra. No es cómodo para ninguno resolver un caso difícil pero lo van a tener que hacer, para eso son jueces”, sentenció Palomo, al referirse a un temor de los jueces por ser “tachados” por los organismos de derechos humanos.

El coordinador del Centro Internacional de Investigaciones de Derechos Humanos (Ciidh), Jorge Santos, opinó que recursos interpuestos por la defensa del exdictador parte de un “litigio malicioso” para retrasar el proceso.

“Uno podría pensar que lo que existe es la intencionalidad de las redes de impunidad de decretarle una especie de amnistía de facto” a Ríos Montt, expresó.

Santos dijo que posiblemente también se busca obstaculizar el proceso para darle largas, tomando en consideración la avanzada edad del exdictador.

Ríos Montt pasa sus días en arresto domiciliar, en su exclusiva residencia en el este de ciudad, bajo tratamiento médico por problemas de la espalda, explicaron fuentes allegadas al militar retirado.

El exgobernante de facto fue operado en septiembre pasado de una afección urinaria y dos meses después se sometió a una cirugía ocular por cataratas.

Piedras en el camino

Más allá de las excusas de los últimos meses en torno al asunto de la amnistía, el juicio por genocidio ha encontrado muchas piedras en el camino.

En el primer día del juicio, el 19 de marzo de 2013, Francisco García, uno de los abogados de Ríos Montt, fue expulsado por el tribunal señalado de retrasar el inicio del debate, tras lo que presentó varios recursos contra los jueces y el proceso.

Transcurrido un mes del juicio, una jueza declaró que habían recursos pendientes y ordenó regresar todo el proceso a noviembre de 2011, cuando apenas estaba en fase de investigación y el exdictador no había sido acusado formalmente.

Sin embargo, la jueza Barrios continuó el juicio que concluyó con la sentencia, posteriormente anulada.

El tribunal a cargo de Barrios se inhibió para el nuevo juicio de 2015 -por ya haber emitido criterio- y está a cargo de otra instancia.

El régimen de facto de Ríos Montt fue uno de los más sangrientos de la guerra que dejó 200 mil muertos y desaparecidos, según un informe de la ONU.