Cristina Jiménez, directora de la organización United We Dream, exhortó a Obama a interponer inmediatamente un recurso de emergencia “porque nuestra comunidad está cansada de vivir con el miedo a la deportación. Necesitamos que el presidente tome la iniciativa y garantice a nuestra comunidad que las personas obtendrán su alivio migratorio“.

Marielena Hincapié, directora del National Immigration Law Center, explicó que el recurso de emergencia es importante porque daría al tribunal de alzada la oportunidad de levantar en apenas dos o tres semanas el bloqueo impuesto por el juez tejano.

En ese caso, los amparos migratorios podrían comenzar a implementarse mientras el sistema judicial desahoga la causa en sus distintas instancias, dijo.

“Sin un recurso de emergencia, el bloqueo quedará vigente por tres o seis meses. No tengo idea. Pero sí sabemos que la diferencia (en que haya un recurso de emergencia o que no lo haya) es que sea un asunto de semanas o de meses”, agregó Hincapié.

Cecilia Muñoz, directora de políticas internas de la Casa Blanca, evitó responder la víspera a una pregunta si se presentará un recurso de emergencia y dijo que el Departamento de Justicia anunciará próximamente su plan.

A raíz del fallo emitido el lunes por la noche, el Departamento de Seguridad Nacional decidió posponer la recepción de solicitudes de amparo migratorio prevista a comenzar el miércoles.

Obama anunció en noviembre que suspendería las deportaciones y concedería permisos de trabajo a cerca de 5 millones de inmigrantes que cumplan con ciertos requisitos.

Una coalición de 26 estados gobernados por republicanos solicitó a un juez bloquear el amparo migratorio porque consideran que Obama abusó de su autoridad.

Animan a inmigrantes a seguir preparándose

 Congresistas demócratas exhortaron el miércoles a inmigrantes sin autorización legal a seguir preparándose para solicitar la suspensión de deportación y permiso de trabajo bajo el plan del presidente Barack Obama, pese a que este amparo ha sido bloqueado por un juez.

“Estoy aquí para ofrecer mi apoyo a quienes iban a solicitar (el beneficio) y para animarlos a seguir hablando con sus vecinos, con otras personas que creen que podrían ser aptos para que sigan juntado los documentos e información que necesitarán cuando el fallo del juez sea revertido. Tienen que estar listos”, dijo la congresista Lucille Roybal-Allard, demócrata por Los Ángeles, durante una conferencia de prensa.

Las declaraciones de las legisladoras ocurren dos días después de que un juez en Texas bloqueara la orden ejecutiva de Obama para suspender las deportaciones y ofrecer permisos de trabajo a más de cuatro millones de inmigrantes que viven en el país de manera ilegal.

El gobierno de Obama podría procurar la postergación del fallo judicial o presentar una apelación ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans. El secretario de Justicia Eric Holder dijo el martes que su departamento estaba analizando el fallo para decidir qué hacer.

Uno de los dos amparos del mandatario estadounidense hubiera comenzado el miércoles. En vez de iniciar el proceso de solicitud, muchos inmigrantes se reunieron solo para que les revisen sus documentos en la sede de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Angeles. Allí, los solicitantes potenciales fueron animados por Roybal-Allard y sus colegas Judy Chu y Linda Sánchez, quienes les aseguraron que el plan de Obama eventualmente entraría en vigor.

Prometen redoblar lucha
     
 Inmigrantes en situación irregular, organizaciones de defensa de los derechos civiles y líderes políticos se unieron en distintas ciudades de Estados Unidos para rechazar la decisión judicial que bloqueó decretos migratorios del presidente Barack Obama.

  La Alianza para la Ciudadanía anunció más de 75 actos en una veintena de ciudades de ese país, incluyendo Nueva York, Los Ángeles (oeste), Boston (noreste), Chicago (norte) y Miami (sur) hasta el domingo próximo con el fin de “apoyar y defender” las medidas de Obama para evitar la deportación de un contingente estimado entre cuatro y cinco millones de los 11 millones de inmigrantes indocumentados existentes en Estados Unidos.

  “Esto no es un juego, estas son nuestras vidas y es nuestro futuro”, dijo Francisco Curiel, un mexicano de 22 años que vive en Nueva York desde el 2007, en un acto organizado este miércoles por la Coalición para la Inmigración de la ciudad, un día después de que un juez federal de Texas (sur) aceptase una demanda de 26 gobernadores republicanos.

  El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, dependiente del Departamento de Seguridad Interna) tenía previsto comenzar a recibir y procesar este miércoles las demandas de regularización de personas que ingresaron como menores de edad (DACA), y a partir de mayo, de los padres (DAPA) de ciudadanos o residentes estadounidenses.

  Pero todo quedó en suspenso por la decisión del magistrado Andrew Hanen, que la Casa Blanca indicó que tratará de revertir con una apelación.

  “Me siento triste y decepcionado de saber que hoy no voy a ser capaz de aplicar al programa DACA expandido. Pero seguiremos luchando por nosotros y nuestras familias como lo he hecho durante estos años”, afirmó Curiel, militante del colectivo Make the Road New York, en el acto en Manhattan.

  Mónica Morales (35), una guatemalteca madre de una hija de cuatro años y embarazada de ocho meses, admitió que no podía creer la decisión del juez, pero también aseguró que no bajará los brazos.
  “Estábamos preparando la documentación para aplicar. Cuando me enteré me dije no puede ser que estas personas hayan hecho esto. Hay que tener fe, esperanza y seguir unidos para adelante”, señaló.
 
– “Postergación, no derrota” –

De su lado, el director ejecutivo de la Coalición para la Inmigración de Nueva York, Steve Choi, aseguró que el bloqueo a las medidas de Obama “es solo una negación, una postergación, y no una derrota”.
“Tenemos plena confianza. Continuaremos informando a nuestros inmigrantes neoyorquinos de sus derechos y les haremos saber cuando este fallo sea revertido”, aseguró.

  Entre los presentes hubo responsables políticos, como el senador del estado de Nueva York (este) Adriano Espaillat, quien denunció que el objetivo de la demanda de los gobernadores republicanos es “causarle daño a familias que quieren unirse”.

  “Estamos aquí para apoyar el presidente Obama. Vamos a apoyar la apelación de la Casa Blanca y nos vamos a tirar a la calle para apoyar a los miles y miles de familias que se verán beneficiadas”, advirtió.

  Los estados y jueces que patrocinaron la demanda ante el juez Hanen consideran que, al ordenar acciones ejecutivas sobre la cuestión migratoria, Obama violó la Constitución. Esas acciones, alegan estados, provocarán “daños dramáticos e irreparables”.

 Obama había anunciado esas medidas en noviembre luego de considerar que el Congreso, en ese momento con mayoría republicana en la Cámara de Representantes (actualmente en ambas), había demostrado ser incapaz de aprobar una reforma migratoria completa.

Como muchos, Marly Arévalo, una guatemalteca de 20 años que vive en las afueras de Washington y estudia para ser trabajadora social, deberá esperar ahora la apelación de la Casa Blanca y su resultado.

“Es un obstáculo bien grande para mí y mis hermanos y para toda la comunidad que califica a la acción ejecutiva. Mientras soy elegible soy optimista de seguir luchando hasta que pase la ley”, dijo a la AFP.