Brown indicó que a gran parte de los  indocumentados no se les permite recibir representación legal para exponer su caso ante un juez de Inmigración, pese a que muchos han huido de la violencia en sus países con la intención de refugiarse o asilarse en EE. UU.

Otra de las medidas para evitar que los migrantes tengan acceso a un abogado que pueda ayudarlos es el cambio de ubicación de los centros de detención.  De acuerdo con Brown, el gobierno recién instaló uno en una zona desértica, a tres horas de Los Ángeles, adonde “los abogados no van a ir”.

“Eso es a propósito, para incapacitar al detenido a que tenga representación”, denunció la letrada.

Abusos constantes

Jorge Mario Herrera, de la Coalición de los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (Chirla, en inglés), refirió que obligar a los indocumentados a firmar su deportación voluntaria “no es algo nuevo”, e incluso hay demandas que grupos civiles han presentado  contra esos procedimientos irregulares.

“Hemos tenido suficientes datos que corroboran esa presión y coartación que sufren nuestros compatriotas en los centros de detención”, indicó el activista, quien afirmó que la administración del presidente Barack Obama busca acelerar las deportaciones por  presiones políticas de los republicanos y grupos antiinmigrantes.

La organización humanitaria Unión Americana de Libertades Civiles destaca en su sitio de internet que el proceso denominado “salida voluntaria” resulta en la renuncia involuntaria a los derechos básicos y al debido proceso de los migrantes.  

“Si una persona firma su salida voluntaria,  renuncia a su derecho a una audiencia ante un juez de inmigración y usualmente es deportada”, se lee en el portal de la organización.

José Gutiérrez, director de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y del Caribe, manifestó que preocupa “la mala información” que se les da a los migrantes cuando llegan a EE. UU. con el objetivo de “presionar para que  firmen su salida voluntaria”.

“Lo  que hacen es lo mismo que con los niños mexicanos, que en menos de 48 horas los deportan. ¿Dónde está el trato humanitario de este país? Es un poco absurdo escuchar cómo defienden al millón de migrantes sirios en Turquía, pero no pueden defender a los migrantes en sus fronteras, a estos niños que huyen de sus países”, criticó Gutiérrez.

La Embajada de EE. UU. en Guatemala informó a Prensa Libre “sobre gente detenida en la frontera —según la ley estadounidense—, todos ellos pueden ser repatriados sin una audiencia con un juez. Eso es solamente para adultos y niños acompañados y que están detenidos en la frontera. Hay un proceso aparte para niños no acompañados”.

Critica proceso

El sacerdote mexicano Alejandro Solalinde,  reconocido defensor de los migrantes, fustigó  ayer en una entrevista con la Radio Nacional, de El Salvador, los procesos de deportación acelerada de EE. UU. y México.

“Las medidas tomadas por EE. UU. y México son totalmente equivocadas y erróneas porque exponen a las personas a riesgos, además hay que ver un marco de corrupción”, declaró Solalinde, para quien la crisis se ha manejado con un criterio de seguridad y no humano.

Cifras

21 Madres con sus hijos han sido deportadas en una semana.

33 Menores fueron retornados en siete días.