Que Guatemala sea un impulsor de la reforma migratoria, que el diferendo con Belice pase a ventilarse en la Corte de La Haya, avanzar en la revisión de la política antidrogas y buscar nuevas rutas son las tres prioridades del nuevo canciller, Luis Fernando Carrera Castro, quien ayer asumió el cargo.
¿Cuál fue su primera acción luego de asumir el despacho?
Saludar al personal de la Cancillería. Lo primero que se hace cuando uno llega a una casa donde no ha ido es saludar a los que viven dentro de esa casa y buscar un punto de comunicación que permita un diálogo y un trabajo conjunto de equipo, para sacar las cosas adelante,
Les transmití principios básicos de trabajo, la humildad, la honestidad y la transparencia.
¿Cuáles son las prioridades para este año?
Muy claras. Acompañar y convertirnos en unos de los impulsores de la reforma migratoria integral de Estados Unidos. Hay un tiempo político muy corto, de aquí a junio, para que se apruebe la nueva legislación en EE. UU. que logre este tema de la reforma migratoria integral.
El TPS puede ser parte de la solución, pero lo más importante es no olvidarnos de que la meta estratégica es la reforma migratoria integral, que es el hecho de darle permiso para residir de manera legal con opción de ciudadanía incluso a más de un millón, casi dos millones de guatemaltecos que viven en EE. UU.
El segundo elemento prioritario es lograr que aprobemos en referéndum el poder ir con el tema de Belice a la Corte de La Haya. Ahí es crear una conciencia nacional de que es necesario resolver ese diferendo de una vez por una vía legal, pacífica, reiterando el hecho de que Guatemala no tiene una vocación de guerra ni de conflicto con el pueblo beliceño, sino una vocación de diálogo y de paz.
Eso sin renunciar a los derechos que hemos logrado construir en ese territorio también a lo largo de la historia y que han sido desconocidos por situaciones más bien de abuso, de extrema violencia y de presiones sobre nosotros.
La tercera prioridad es lograr que avancemos nuevamente sobre el tema de ir reformando la política de drogas en el mundo y aumentar la conciencia, tanto del sistema interamericano como del sistema mundial, de que es necesario abandonar la fallida estrategia de la guerra contra las drogas, de que no es ese el camino.
¿Cuál es la última información sobre el TPS?
El documento que estaba en diciembre no ha sido modificado de su estatuto, y está ahí porque cuando nosotros pusimos este tema en Washington como algo relevante, finalmente el Gobierno de EE. UU. se mostró abierto a abrir un espacio.
La reelección del presidente —Barack— Obama, además de ser una victoria política para el presidente, es una victoria en particular para la comunidad latina de EE. UU., una demostración de la fuerza del voto latino en impulsar candidaturas y también colocar presidentes en EE. UU.
La reforma migratoria integral, en principio, es una propuesta de legislación que debe ser discutida, muy probablemente por el Senado norteamericano, primero, y luego por la Cámara de Representantes, probablemente hacia fines de mayo o principios de junio a más tardar. No estamos seguros si eso es posible, pero eso es más o menos algo sobre lo que se empieza a discutir.
¿El objetivo de ser impulsores de la reforma es eso, que se apruebe en mayo o junio?
Para que se logre este año. Mayo o junio puede ser una casualidad política. La política tiene tiempos que a veces no sabemos cuáles son.
¿Cuál será el trabajo de la comisión especial que mencionó?
El concepto que tenemos es que exista una comisión de trabajo que concentre la responsabilidad de la Cancillería en ese tema, en impulsar esa reforma, una especie de grupo de trabajo específico.
El momento político es el correcto, el momento histórico es el correcto, y entonces necesitamos que esa comisión se pueda convertir en una especie de coordinador general de nuestra posición.
En septiembre, Guatemala, México y Colombia impulsaron una declaración para que en la ONU se debata sobre nuevas rutas contra el narcotráfico. ¿Cómo va ese asunto?
Lo más importante ahorita es que ese comunicado conjunto abrió dos puertas. La primera es que generó un debate sobre la necesidad de que las Naciones Unidas discutan el asunto en una conferencia especial.
El segundo aspecto valioso es que abrió la posibilidad de que haya mayor claridad de que los estudios de la OEA fueran un poco más audaces. Yo creo que hubo una repercusión hacia la OEA, porque hasta entonces se percibía como una posición muy beligerante de Guatemala, y bastante clara también del presidente —colombiano, Juan Manuel— Santos, pero esa idea de tres países con una sola posición no estaba tan clara en el horizonte interamericano, y eso ayudó mucho.
Desde entonces hemos ido avanzando bastante con el secretario —José Miguel— Insulza, de la OEA, en ir abriendo la posibilidad de que esos estudios nos den recomendaciones de modificaciones sustantivas y no solo sean estudios decorativos.
Con la consulta popular de Belice, ¿cuál es el trabajo que se hará para dar información?
Es algo en donde todavía no hemos montado la logística total. No la del referendo, que es una tarea del Tribunal Supremo Electoral, que ha empezado a desarrollar desde el año pasado.
Aparte hay que trabajar para que tengamos información para todos los guatemaltecos. Creo que se trata de una cruzada nacional para decirle sí en el referendo, para que todos, como ciudadanos, nos unamos en esta vocación de diálogo y de resolución por la vía pacífica de nuestro diferendo con Belice y de que reiteremos al mundo la calidad moral, humana, que tenemos.
De la academia a la diplomacia
Carrera es economista especializado en política fiscal y analista político.
Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Costa Rica, en donde se graduó en 1990.
Dos años después obtuvo la Maestría —Master Philosophy— en Economía y Política del Desarrollo, en la Universidad de Cambridge, Reino Unido.
Habla español, inglés, portugués y francés.
Fue director de Investigaciones de la Oficina Regional para América Latina de la Alianza Cooperativa Internacional.
También fue consultor en programas de desarrollo rural, en El Salvador y Nicaragua, para organizaciones no gubernamentales europeas.
Fue representante adjunto del Fondo de la ONU para la Infancia, en Ecuador, Cabo Verde y Panamá.
Fue director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y de la Fundación Soros en Guatemala.
Analista político y económico.
Como jefe de la Segeplán, asesoró al presidente Otto Pérez Molina en la propuesta de reformas constitucionales y del análisis de la actual política antidrogas y búsqueda de nuevas rutas contra el narco.
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