La Asociación para el Desarrollo de Comunidades de San Miguel, integrada por vecinos, se reunió este jueves para conocer la decisión del Ejecutivo para que posteriormente se corra la voz entre las comunidades más cercanas a la mina, que a la vez son las más afectadas.

“Las comunidades aplauden la decisión. Por fin el Gobierno se pronuncia a favor de nuestros derechos. Ahora queremos que el cierre de la mina sea definitivo”, declaró el líder Javier de León.

Los conflictos, la aparente contaminación, las enfermedades, los daños en unas 133 casas y la ausencia del desarrollo que se prometió son algunas de las razones por las cuales San Miguel Ixtahuacán se ha puesto en la primera línea de rechazo a la mina, que durante esta tarde se pronunciará sobre el fallo de la CIDH y la respuesta del Gobierno.

Ayer, el Gobierno aseguró que acatará la orden de la CIDH sobre el cierre de la mina y que evaluará si hay personas afectadas por la explotación de minerales, aunque por el momento descarta que haya casos.