Prensa Libre

POR GEOVANNI CONTRERAS

El secretario ya tenía planificado evitar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenara al Estado de Guatemala por esos hechos y el pago de sentencias millonarias por parte del país. Solo faltaba una figura legal, describió a Prensa Libre, a condición de anonimato, un funcionario del Ejecutivo que conocía esas intenciones.

“Este acuerdo —370-2012— se viene platicando desde hace tres meses. Comenzó en el seno de la Secretaría de la Paz, con el licenciado Tono —Antonio— Arenales, y se consensúa con el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta que llega a la Secretaría General, para firma del presidente y su servidor”, explicó Gustavo Martínez, secretario general de la Presidencia.

Durante la tarde de ayer se llamó al celular de Arenales Forno para confirmar si fue en la Sepaz donde comenzó la discusión, pero no respondió.

Niega genocidio

Uno de los principales funcionarios que han negado el genocidio en Guatemala ha sido Arenales Forno. Inclusive acudió a una audiencia en la sede de la CIDH, en Costa Rica, en junio último, y rechazó que se haya cometido ese delito de lesa humanidad en el país.

En esa oportunidad pidió a la CIDH no juzgar el caso de Río Negro, donde hubo cinco masacres en 1982, en las que murieron 444 personas.

“Genocidio es la eliminación de un grupo nacional, étnico y religioso, lo cual no ocurrió en el país”, es el argumento de Arenales Forno.

El secretario de la Paz asegura que solo se dieron abusos por parte del Estado, en un enfrentamiento interno. El presidente Otto Pérez Molina lo ha secundado.

Arenales Forno tuvo otras dos iniciativas durante el primer año de gobierno: clausurar la Dirección de los Archivos de la Paz, que digitalizó más de dos millones de documentos sobre el conflicto armado interno, e impulsar la “unificación” de la Sepaz con la Comisión Presidencial en materia de Derechos Humanos, lo que aún no se ha concretado.