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05/01/13 - 00:00 Política

Antonio Arenales Forno ideó reserva para CIDH

El acuerdo gubernativo que plasma la reserva de Guatemala, de no reconocer la jurisdicción de la CIDH en casos ocurridos antes de 1987, se comenzó a planificar desde, al menos, mediados del 2012, y su artífice es el secretario de la Paz, el abogado Antonio Arenales Forno.

El secretario ya tenía planificado evitar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenara al Estado de Guatemala por esos hechos y el pago de sentencias millonarias por parte del país. Solo faltaba una figura legal, describió a Prensa Libre, a condición de anonimato, un funcionario del Ejecutivo que conocía esas intenciones.

“Este acuerdo —370-2012— se viene platicando desde hace tres meses. Comenzó en el seno de la Secretaría de la Paz, con el licenciado Tono —Antonio— Arenales, y se consensúa con el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta que llega a la Secretaría General, para firma del presidente y su servidor”, explicó Gustavo Martínez, secretario general de la Presidencia.

Durante la tarde de ayer se llamó al celular de Arenales Forno para confirmar si fue en la Sepaz donde comenzó la discusión, pero no respondió.

Niega genocidio

Uno de los principales funcionarios que han negado el genocidio en Guatemala ha sido Arenales Forno. Inclusive acudió a una audiencia en la sede de la CIDH, en Costa Rica, en junio último, y rechazó que se haya cometido ese delito de lesa humanidad en el país.

En esa oportunidad pidió a la CIDH no juzgar el caso de Río Negro, donde hubo cinco masacres en 1982, en las que murieron 444 personas.

“Genocidio es la eliminación de un grupo nacional, étnico y religioso, lo cual no ocurrió en el país”, es el argumento de Arenales Forno.

El secretario de la Paz asegura que solo se dieron abusos por parte del Estado, en un enfrentamiento interno. El presidente Otto Pérez Molina lo ha secundado.

Arenales Forno tuvo otras dos iniciativas durante el primer año de gobierno: clausurar la Dirección de los Archivos de la Paz, que digitalizó más de dos millones de documentos sobre el conflicto armado interno, e impulsar la “unificación” de la Sepaz con la Comisión Presidencial en materia de Derechos Humanos, lo que aún no se ha concretado.

POR GEOVANNI CONTRERAS /

Poca capacidad para pagar sentencias

El secretario general de la Presidencia, Gustavo Martínez, refutó la versión de dirigentes humanitarios. “Son argumentos falsos, porque dicen que se quiere limitar la justicia, cuando la CIDH solo tiene capacidad de hacer una sanción moral y otorgar altos resarcimientos económicos”, dijo.

“Las sanciones morales van amarradas a sanciones  arriba de US$500 mil por caso. En algunos momentos ha habido componendas por algunos funcionarios del Estado anteriores, donde se ponían de acuerdo y recibían alguna utilidad de esas sanciones económicas”, aseguró.

Embajador y diputado

Vinculado en la ideología de derecha, tiene  larga trayectoria.

Ha sidoembajador en  Washington DC y en la Organización de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza. Fue constituyente.

Aunque fue parte del listado de diputaciones de  la Unión del Centro Nacional (UCN) en las elecciones de 1999, después pasó a las filas del Frente Republicano Guatemalteco (FRG).

Su anterior cargo antes de ser secretario de la Paz fue embajador en la Unión Europea, Bruselas.


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