“Lo importante es que los países tendrían que decidir por sí mismos. Nosotros pensamos que seguramente es algo que se debería estudiar, y si no es este modelo exactamente, la idea es tener un instrumento que tenga ese papel de combatir la impunidad”, afirmaron representantes de la Casa Blanca.

Esa fue la respuesta a la pregunta de si el modelo de la Cicig debería aplicarse en Honduras y El Salvador, por ser naciones con problemas similares a los de Guatemala y altos niveles de impunidad.

El equipo de Biden citó como ejemplo que, en Honduras, Transparencia Internacional juega un papel que desempeña una “tarea parecida” y con “objetivos parecidos” a la Cicig.

“Es importante que los gobiernos deberían enfrentar los retos que tienen de una manera muy firme, muy clara y utilizando la creatividad y modelos que son viables. Cicig para nosotros ha sido uno que ha tenido una función muy importante dentro de Guatemala”, insistieron funcionarios desde Washington D. C.

Agregaron que en Guatemala ese modelo ha funcionado y que es el Gobierno el que decide el futuro de la comisión de Naciones Unidas.

Sigue el vaivén

Mientras los asesores del vicepresidente de EE. UU. reiteraban apoyo a los esfuerzos contra la impunidad y a la Cicig, el presidente Otto Pérez Molina descartó que ese tema se vaya a mencionar en las reuniones con Biden.

“No está puesto en agenda, no hay nada sobre eso. El tema es cómo podemos trabajar en conjunto para llevar adelante el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte”, afirmó el gobernante, después de haber participado en el acto de ascensos de la Policía Nacional Civil.

En un principio, Pérez Molina había descartado por completo una prórroga de la Cicig, pero ante el aluvión de críticas, meses después suavizó su postura y dijo que convocaría a sectores, incluso sociales, para evaluar el trabajo de la Comisión.

Después, entregó ese informe al sector justicia para que encabece la evaluación, aún en proceso.

Discutirán recursos

Los asesores de Biden informaron que el vicepresidente llega a Guatemala para revisar qué pasos concretos tomarán Estados Unidos y los líderes de Guatemala, El Salvador y Honduras.

De esa cuenta, también se tienen programadas citas con empresarios y dirigentes de la sociedad civil.

En cuanto al financiamiento, los funcionarios de la Casa Blanca aclararon que el presidente Barack Obama gestiona US$1 mil millones en el Congreso de su país, los cuales beneficiarían al Plan en los tres países en el 2016. Es decir, esos fondos se invertirían solo el próximo año.

“Se pide para el año que viene; entonces, ahora lo que estamos haciendo es reuniendo las condiciones en el Congreso de que ese dinero se destine a las necesidades de mejorar las condiciones y apoyar la Alianza para la Prosperidad”, afirmaron.

Sin embargo, no se informó sobre si serían montos similares los que se gestionarían los años siguientes. Diplomáticos de Honduras aseguraron el jueves que lo que aportaría Estados Unidos son US$5 mil millones, pero los asesores estadounidenses aclararon que quizás ellos se imaginan que ese será el financiamiento para los próximos cinco años, sin confirmar ni descartar esa posibilidad.

Prevén que los US$1 mil millones sean avalados por el Congreso este año, ya que usualmente en septiembre es cuando se dan esas aprobaciones.