“Es muy importante saber si alguna de las personas que se promueva para estos cargos, que son fundamentales para el fortalecimiento del estado de Derecho, no esté vinculada a actividades ilícitas. Por eso hemos pedido información a la Cicig; a la Contraloría, por si la persona ha sido sancionada por manejar fondos públicos; y al TSE, porque el candidato no debe pertenecer a la dirección de algún partido político”, expuso Gálvez.

Otras instancias

La Postuladora decidirá hoy si pide informes a la Corte de Constitucionalidad para determinar si los candidatos tienen deudas por haber presentado amparos maliciosos.

Además, ayer fueron aprobados los aspectos por calificar en la tabla de gradación, en la que figuran los méritos académicos, profesionales, éticos y de proyección humana.

Varias organizaciones de la sociedad civil, como el Movimiento Pro Justicia, han presentado propuestas para la ponderación para los méritos.

Los comisionados esperan definir hoy el punteo que se otorgará a cada ítem propuesto. Las organizaciones piden que no se les dé valor a los méritos éticos.

Hasta ayer ningún abogado había presentado sus documentos para integrar el TSE. El plazo cierra el próximo miércoles.

“Es normal” 

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, indicó que es normal  porque en el 2009 las comisiones de postulación solicitaron o requirieron  a diferentes instituciones del Estado  información que eventualmente puede afectar la inscripción de algunos aspirantes. Una  es la CGC, por si tiene reparos en el manejo de fondos.

“Positivo” 

Según José Carlos Sanabria, politólogo de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales, es positivo  tener la mayor cantidad de información, para que pueda evaluar de manera objetiva a los candidatos, y en esa medida, por la importancia y el papel que juega el TSE, las instituciones deben cooperar con la Postuladora.