Prensa Libre

POR LEONARDO CERESER

La propuesta de ley, ahora solicitada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), tipifica el delito de enriquecimiento ilícito, crea nuevas infracciones relacionadas con la corrupción y endurece sanciones contra funcionarios que lo cometen.

La iniciativa también pretende restablecer el delito en el Código Penal, luego de que fuera derogado en 1996, por la legislatura entonces dominada por el grupo político en el Gobierno, presidido por Álvaro Arzú.

La nueva propuesta ingresó en la Dirección Legislativa del Congreso en septiembre del 2008, la conoció el pleno en noviembre de ese año, y fue remitida a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para un estudio técnico. Un mes después, obtuvo el visto bueno de esa sala.

Desde entonces no ha podido ser discutida en el pleno legislativo, porque la instancia de jefes de bloques no ha decidido agendarla para su aprobación.

Algunos jefes de bancadas opinan que se han presentado “urgencias” que demandan mayor atención; otros culpan a grupos que se oponen al avance de temas económicos, lo que haría demorar el conocimiento de otras iniciativas.

Lo cierto es que ya transcurrió año y cuatro meses desde que se emitió el dictamen favorable, sin que se conozcan razones de fondo.

Quienes sí se oponen radicalmente a su aprobación son los unionistas. Pablo Duarte, jefe de este grupo, considera que la ley “es inútil y ridícula” porque no daría ningún resultado.

Representantes de sectores de la sociedad opinan que la explicación a que no se apruebe radica en el temor de los diputados de ser perseguidos por hechos verdaderamente constitutivos de delito.

Lo que contiene la iniciativa

La propuesta propone castigar al empleado público que aumente su patrimonio o su gasto económico, así como el de su cónyuge, hijos y familiares, de manera notoriamente superior y desproporcionada, durante el ejercicio del cargo y hasta por cinco años después de haberlo dejado.

Sanciona con prisión de cinco a 10 años, multa de Q50 mil a Q500 mil y el comiso de los bienes producto del delito, además de la inhabilitación para ejercer de nuevo puestos públicos.

Contempla el delito de tráfico de influencias para la persona que, actuando como intermediaria, influya o intente influir en un funcionario, aprovechándose de su jerarquía, para obtener un beneficio. Por esto ordena de dos a seis años de prisión.

También crea el delito de falsedad en la declaración jurada patrimonial del funcionario que simule o encubra declaraciones juradas de sus bienes a la Contraloría de Cuentas, lo que lo haría merecedor de multas de entre Q50 mil y Q200 mil.

Endurece el delito de malversación, que ahora contiene solo una multa de Q100 a Q1 mil, para que sea de uno a tres años de cárcel y de Q20 mil a Q50 mil. Además, aumenta las penas para cohecho, nombramientos ilegales y peculado.

Carmen Aída Ibarra, del grupo pro Justicia, afirmó: “La instancia de jefes de bloques está fallando. El Congreso tiene una gran deuda con la sociedad en temas como la lucha contra la corrupción. Llama la atención que siempre quedan marginadas las iniciativas orientadas a combatir actividades de enriquecimiento ilícito. Algunos diputados tendrán miedo, por actuaciones propias, y otros por compromisos con personajes oscuros. Por eso la labor de impulsar esas leyes queda en algunos pocos legisladores, que no siempre tienen éxito”.

El politólogo Álvaro Pop dijo: “La agenda del Congreso ha tenido una gran preocupación en torno al presupuesto y bonos, y no están en la agenda de prioridades las leyes de la Cicig. Esto va en detrimento de la sociedad. Siempre existe un temor de los funcionarios públicos por endurecer los controles”.

Alejandro Quinteros, del Movimiento Cívico Nacional, expresó que “definitivamente parece que hay temor a hacer una realidad esta ley, y que entre en vigencia. Esto da pie a pensar mal de los diputados, porque parece que se quieren proteger a futuro, debido a que sin las reformas los delitos de corrupción tienen sanciones débiles”.