Prensa Libre

POR GEOVANNI CONTRERAS

En las últimas semanas, Belice no ha dado señales de qurer revertir el cambio hecho a su ley en el 2008 para subir el porcentaje de votos para considerar válida una consulta popular. Por el contrario, el embajador de ese país en Guatemala, Alfredo Martínez, hizo ver que no habría cambios pronto.

“El Canciller —Fernando Carrera— ha estado dándole seguimiento diariamente a ese tema, y si nosotros no encontramos condiciones adecuadas y ponemos en riesgo tanto el Acuerdo Especial y que se pierda la posibilidad de que este diferendo vaya a la CIJ (Corte Internacional de Justicia), lo que nos quedaría, una de las salidas, es posponer la fecha”, aseveró ayer el presidente Otto Pérez Molina.

RIESGOS A LA VISTA

El mandatario mencionó dos razones. La primera es no poner en riesgo el Acuerdo Especial firmado en diciembre del 2008, y que llevó años y múltiples reuniones para lograrlo.

En ese documento, por primera vez, Belice acepta ir a la CIJ, previa consulta popular, para poner fin al diferendo territorial, marítimo e insular.

Aunque en ese Acuerdo no se indica qué sucedería si en Belice gana el “no”, Pérez Molina dijo que tampoco se quiere perder la posibilidad de llegar, después de tantas fases, a la CIJ.

Sobre la otra razón para posponer el referendo, el gobernante indicó: “Lo que no estaríamos dispuestos nosotros es a gastarnos una cantidad cercana a los Q300 millones, habiendo tantas necesidades en el país, y que vaya a salir negativo el resultado de la consulta”.

En resumen, Guatemala pide “un terreno de mucha más certeza” para que la consulta sí pueda ser favorable en los dos países. El jefe del Ejecutivo subrayó que no es una decisión unilateral, sino que buscarán un acuerdo con Belice y el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos.

“No estamos diciendo que no tenemos consulta, pero tenemos que esperar que las condiciones se den para proceder a hacerla y en todo caso lo que se estaría haciendo es posponer la fecha”, insistió el presidente.

El mandatario expuso la posibilidad de tal decisión después de haber inaugurado un mercado y terminal de buses en Sanarate, El Progreso.

La consulta popular costará en Guatemala Q260 millones, de los cuales el Tribunal Supremo Electoral ya había solicitado la entrega de la primera parte de los recursos.