Tenemos que estar conscientes de algo: generalmente, cuando un funcionario llega a un nuevo cargo, es importante darle el beneficio de la duda. Pero en este caso creo que, precisamente por la falta de credibilidad y tanto cuestionamiento que se fue dando durante el proceso de selección de los magistrados, es importante que esta Corte demuestre que realmente puede hacer los cambios necesarios a favor de un sistema de justicia más dinámico y eficiente.

¿Cuánto tiempo debe durar el beneficio de la duda?

Creo que en este caso no debe haber beneficio de la duda, precisamente porque ya ha sido demasiado cuestionada la Corte instalada, y por eso ahorita el Organismo Judicial debe empezar a dar cambios inmediatos en la propia estructura del organismo y en su funcionamiento, especialmente por temas importantes como la independencia judicial, que fue muy cuestionada; la carrera judicial, y la eficiencia de la justicia.

En la independencia judicial, ¿qué paso concreto debe dar?

Para garantizar la independencia judicial hay muchas formas. En primera instancia, creo que los propios magistrados de la CSJ no deben presionar a jueces y magistrados de Sala para que resuelvan de tal forma.

A los jueces se les debe garantizar su independencia en lo absoluto, para que puedan resolver bajo los criterios que cada uno considere.

¿Cómo se interpreta que haya sido designada presidenta de la Cámara Penal la abogada Blanca Stalling, quien ha sido muy cuestionada durante sus dos gestiones en el Instituto de la Defensa Pública?

Tenemos que recordar que la magistrada Stalling ha sido cuestionada en algunos ámbitos, pero hay que reconocer que dentro de lo que tenemos hoy en la Corte, tenemos que estar muy claros que es una de las personas que más sabe de Derecho Penal.

Y eso, en este país, créame que nosotros que hemos estado vinculados con el tema, son muy pocas las personas que realmente saben. Y creo que es el momento de hacer avanzar el Derecho Penal en el Organismo Judicial.

Pareciera que la mayoría de magistrados no tienen experiencia en lo penal. ¿Cuál puede ser el impacto en el funcionamiento de la Corte?

Es importante que los magistrados tengan expertís en cada una de sus áreas. Creo que es muy viable que podamos ver cuál es la agenda de cada uno de los magistrados al frente de su cargo, porque por un lado está la parte administrativa y por otro la parte de las resoluciones que deben conocer.

Como sociedad civil tenemos como reto dar seguimiento a las resoluciones que emita la CSJ en casación, que es donde más tiene que ver, pero, por supuesto, también en el tema toral, como lo es el electoral, porque esta Corte tendrá que conocer un proceso electoral que se dará el próximo año, en donde cualquier amparo interpuesto contra el Tribunal Supremo Electoral será la CSJ la que lo conozca.

Entonces es algo complejo, y vamos a ver si la Corte pagará o no posibles favores políticos que pueda deber, o pueda evidenciar objetividad, justicia y eficacia para los partidos políticos.

Pero las salas de Apelaciones no podrán conocer este tipo de amparos por fallo de la Corte de Constitucionalidad.

Es un tema constitucional que está establecido en la Ley de Amparos que todas las acciones contra el Tribunal Supremo Electoral debe ser la Corte Suprema la que debe conocerlas.

Pero hay otras formas de presión judicial que se pueden dar en un proceso electoral que obviamente también pueden conocer los magistrados de Sala y estos deben demostrar que estas resoluciones son apegadas a Derecho y no responder a posibles favores.

¿Qué irregularidades concretas lograron establecer ustedes durante el proceso de selección de los magistrados hasta que fueron nombrados por el Congreso?

Hubo varias inconformidades que nosotros planteamos en su momento, y presentamos varios amparos. El primero de ellos es el que se nos otorga contra cada una de las comisiones de Postulación: se nos benefició con los cambios a las tablas de gradación, y esto fue ratificado por la Corte de Constitucionalidad.

Hoy por hoy tendríamos que ver cómo quedaron integradas todas las salas. Pero estoy seguro de que si revisamos los expedientes de los que fueron nombrados como magistrados de Sala de Apelación y vamos a ver que tienen expertís en materia penal pero los asignaron a una Sala del ramo Civil.

Hay un caso, como el del magistrado Ramiro Contreras, que fue enviado de una sala penal a una de lo Contencioso. ¿Cómo se interpreta?

Ese era uno de los argumentos más fuertes por los que se pidió la modificación de la tabla de gradación, con el objetivo de que se pusiera atención sobre cuántas vacantes hay por cada rama del Derecho.

Es decir, yo soy civilista, penalista, laboralista, y entonces aplico para una plaza que sea del ramo al que pertenezco.

Pero hoy vamos a ver que en algunos casos los magistrados van casi a retomar sus clases de la universidad para poder tener conocimiento sobre determinada rama del Derecho, donde el resto de sus vidas no han tenido expertís.

¿Hubo más problemas?

Otro de los vicios que se planteó fue el del conflicto de intereses. Muchos de los que participaron en el proceso fueron comisionados en las postuladoras. Ahí había un manifiesto conflicto de interés y no existe legitimidad en lo que hicieron porque tenían una diferencia de poder con el resto de participantes, porque tenían la posibilidad de negociar sus puestos a través de negociar su voto.

Pero eso requiere una modificación a la Ley, porque legalmente no está prohibido, sino es un asunto moral.

Es relativo eso de que no está prohibido legalmente porque en una norma no se exprese de forma literal la prohibición. Es uno de los errores que cometemos, especialmente por la forma de educación superior que tenemos en el país.

Aquí hay en juego un derecho constitucional muy importante, que es que el interés social prevalece sobre el particular y también el principio de igualdad.

COMENTARIO

“El Organismo Judicial debe empezar a dar cambios inmediatos en la propia estructura del organismo y en su funcionamiento, especialmente”.

“Creo que es importante que los magistrados tengan expertís en cada una de sus áreas”. Gerson Sotomayor, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales.