Prensa Libre

POR AGENCIA EFE Estados Unidos

WASHINGTON - En 2010 el gobierno del presidente Barack Obama reconoció que entre 1946 y 1948 funcionarios que trabajaban en Guatemala para el Servicio de Salud Pública estadounidense hicieron pruebas con unas 5 mil 100 personas a las cuales no se les informó de los experimentos.

Las pruebas incluyeron la infección con enfermedades venéreas a por lo menos mil 300 personas.

"Ninguna de las víctimas, que incluyeron presos, soldados, enfermos mentales y trabajadoras sexuales, consintió a ese tratamiento bárbaro", indica el editorial del diario estadounidense.

"Por lo menos 83 personas murieron y muchas sufrieron daños permanentes", añade.

El objetivo era averiguar si la penicilina podría ser usada para prevenir enfermedades de transmisión sexual.

El presidente Obama expresó su pesar; la secretaria de Estado, Hillary Clinton y la secretaria de Salud y Servicios Humanos, Kathleen Sibelius "calificaron los experimentos como indignantes y en una declaración conjunta pidieron perdón a todos los individuos afectados por tales prácticas de investigación aborrecibles".

"Pero no ha habido esfuerzo alguno para compensar a los individuos directamente perjudicados por las atrocidades", continuó el artículo.

Ocho personas que afirman haber sido víctimas de esos experimentos, o cónyuges o descendientes de las víctimas, han iniciado una demanda colectiva que "se mueve lentamente en los tribunales federales", apuntó el Post.

El gobierno de Obama ya anunció que gastará 1 millón de dólares en el estudio de nuevas reglas que protejan a los voluntarios en experimentos con seres humanos, y ha asignado 775 mil dólares para el combate contra las enfermedades venéreas en Guatemala.

El gobierno, además, "no ha descartado la compensación para las víctimas pero señala la dificultad en la identificación de las personas elegibles debido al tiempo transcurrido, y al hecho de que los experimentos se realizaron en territorio extranjero".

"Todo lo cual es cierto", añadió, "pero los obstáculos logísticos no deberían impedir un intento de buena fe".

"El gobierno de Obama debería trabajar con el Congreso en el establecimiento de un grupo que reúna toda la información disponible y determine la justa compensación para las víctimas sobrevivientes o sus familias", concluyó el editorial.