La decisión de Colom se enmarca en la búsqueda de la transparencia que, recordó, incluye las denuncias contra representantes de ONG que han fallado a entidades como el Fondo Guatemateco de la Vivienda, la creación de un observatorio ciudadano del gasto público, y la participación de alcaldes y consejos de desarrollo para fiscalizar la obra pública del Ministerio de Comunicaciones.
Antes de hablar de la anulación de las ONG, Colom señaló que dentro del Gobierno se trabaja en una inicativa de ley para que se castigue por igual al que da comisiones como al que la pide, “porque solo se habla de funcionarios corruptos y no del empresario corrupto”.
Además, comentó que hay organizaciones que evaden impuestos y cobran comisiones, lo que ha desvirtuado su función original de trabajar sin ánimo de lucro.
Un reporte de la Contraloría General de Cuentas precisa que 170 ONG manejaron Q6 mil millones del presupuesto del año pasado -es decir el 12 por ciento- pero solo cinco de éstas administraron Q800 millones, y el Estado ha encargándoles obras pese a que el ente fiscalizar ha emitido sanciones y llamadas de atención por malos manejos.