“La intención del señor presidente —Otto Pérez Molina— y la mía es desestimar este contrato”, afirmó la vicegobernante, quien aseguró que según el convenio, la empresa recibiría en 20 años unos Q50 millones, y el Estado apenas Q1.5 millones.

“Es imposible que negocios como este se hagan en detrimento de los guatemaltecos”, expresó Baldetti.

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Enrique Ordóñez, director ejecutivo de Acero-Concreto, indicó vía telefónica que desconoce la decisión gubernamental y aseguró que el negocio es de beneficio para el país.

“No creo que se haga —la rescisión del contrato— porque la verdad es un bien para Guatemala y para el mismo Gobierno, porque ahí no hay costo alguno”, precisó.

Pérez Molina también calificó el negocio de lesivo para el Estado.