Guatemala

Oposición de SAT frena agenda al Partido Patriota

Después de que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) advirtiera de que la aprobación de las leyes de inversión y empleo representaría una disminución en la recaudación fiscal, el Partido Patriota (PP) detuvo el apoyo a la propuesta del Ejecutivo, que desde hace dos semanas impulsaba para que fueran aprobadas.

Solo 15 de 90 diputados ausentes se  excusaron por escrito, de  no haber  llegado  ayer  al Congreso.

Solo 15 de 90 diputados ausentes se  excusaron por escrito, de  no haber  llegado  ayer  al Congreso.

Las reformas al Código de Trabajo, segundo tema priorizado en la agenda oficial, también se ven comprometidas, ya que los cambios estarían condicionados por el sector empresarial a los beneficios fiscales que ofrecía la ley de inversión y empleo.

Ambas iniciativas tienen plazo fatal para su aprobación, porque son parte de compromisos de Estado adquiridos con la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Organización Internacional de Trabajo (OIT), además del capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Fase de análisis

El subjefe de la bancada oficial, José Fernández, indicó que aunque entre las propuestas prioritarias para su aprobación se encontraban las leyes de inversión y empleo y las reformas al Código de Trabajo, ahora deberán esperar.

Agregó: “Mientras no haya un acuerdo entre el Ministerio de Economía (Mineco) y la SAT, no podríamos trasladar la iniciativa de inversión y empleo al pleno”. Luego se deben presentar los dictámenes técnicos “para ser incluida en una agenda que se pueda proponer” a los distintos jefes de bloques, indicó Fernández.

“Es una iniciativa del Ejecutivo y tiene que estar claro para poder trasladar el proyecto al pleno”, aseguró.

Otros bloques que se han aliado en la aprobación de propuestas del oficialismo han indicado que es necesario analizar la advertencia de la SAT, antes de buscar el apoyo entre las bancadas.

La vicepresidenta Roxana Baldetti anunció que solicitará al superintendente de Administración Tributaria, Carlos Muñoz, que se reúna con el presidente de la comisión legislativa de Economía, Antonio Ralda, para revisar la iniciativa de ley y evitar que afecte la recaudación fiscal.

“Le voy a pedir de nuevo que se reúnan con el presidente de la Comisión, que es de la bancada oficial, para que vean cuál es el porcentaje que dice —la SAT— que se dejaría de percibir, porque el Gobierno no está dispuesto a perder ni medio punto de recaudación”, afirmó Baldetti, después de haber participado en el Gabinete de la Mujer ayer en el Palacio Nacional de la Cultura.

La vicemandataria añadió que Muñoz ya le había comentado que la ley afectaría la recaudación, pero “no tenía datos”, por lo cual ella se los solicitó.

El sector empresarial manifestó la necesidad de aprobar las normativas y reforzó su temor sobre la supuesta pérdida de competitividad del país y la reducción de inversión que afectaría directamente la creación de empleo, y por el contrario ocasionaría la pérdida de miles de plazas de trabajo a mediano y largo plazos.

La Asociación de Zonas Francas y la Comisión de Vestuario y Textil abogan por que se logre rápido un consenso entre la SAT y el Mineco, que agilice la aprobación de las leyes y se reduzca en lo posible el impacto en la inversión.

Falta coordinación

La SAT informó el viernes último el riesgo por la aprobación de la ley de inversión y empleo, pese a que en las últimas tres semanas los ministros de Economía y Trabajo habían peregrinado con varias bancadas para explicar las iniciativas y pedir su aprobación de urgencia nacional.

“Se manifiesta una contradicción en el Gabinete Económico, entre el Ministerio de Finanzas la SAT y el Mineco. Por un lado está la necesidad de estimular la inversión a través de exenciones fiscales y por otro de mantener la recaudación para garantizar los balances de las finanzas públicas”, señaló Carlos Barreda, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza.

Coinciden con Barreda otros legisladores de oposición, que señalaron que la falta de apoyo general en el Ejecutivo para sus temas priorizados refleja que existe “enfrentamiento de intereses”, entre los que representan al sector empresarial y otro grupo técnico que quiere defender las finanzas públicas.

“Con esto vemos una improvisación de gobierno, de no tener una ruta clara, de no tener programas eficientes que traigan como consecuencia el fortalecimiento de la economía en Guatemala”, dijo Leonardo Camey, subjefe del bloque Libertad Democrática Renovada.

Impacto drástivo

Edwin Martínez, viceministro de Finanzas, refirió que si el Estado deja de recibir unos Q1 mil 200 millones, el impacto sería drástico, que se traduciría en la ejecución. “Habría que darle un recorte a todo el gasto”, añadió.

Martínez explicó que el ingreso corriente, que se capta por la vía de impuestos, sirve para financiar el gasto del sector público.

Los registros del Mineco dan cuentan de que bajo este decreto están inscritas 937 empresas. Por actividad económica, 302 son del sector maquila y textil, 211 agrícolas y agropecuarias, 111 de manufactura y 79 empresas de alimentos.

Además, figuran 42 compañías de plásticos, 34 de químicos y farmacia; 27 de productos de madera y 131 de otras actividades.

En cuanto a empresas en zonas francas hay 209 usuarios comerciales, 22 usuarios de servicios y 31 industriales.

CONSECUENCIAS

200 mil empleos  se deberían generar cada año, según el plan de Gobierno.

Q1.2 mil millones podría caer la recaudación con la nueva ley, dice la SAT.

500 mil empleos se perderían, según el Mineco, de no aprobar la norma.

Hace falta contexto

Según  el diputado oficialista Antonio Ralda, presidente de la comisión de Economía, el dictamen negativo de la SAT obedece a la falta de contexto.

“No tienen el contexto general de cuántos empleos se perderían, dónde las empresas optarían por migrar  y se perderían más de 500 mil empleos”, indicó Ralda.

Necesita consensos

Alfredo Bances Molina, presidente de la Asociación de Zonas Francas, dijo que a la ley le hace falta un nuevo consenso entre la SAT y otros sectores.

“Si el Congreso aprobara una ley que  no representa ventajas competitivas para el país, lo mejor es tomar los tiempos necesarios para lograr un acuerdo mutuo”, dijo.

No van a tributar

“La industria de vestuario crea empleo y  transfiere el ingreso de divisas al país. Si quieren que tributemos, va  a ser fácil. El inversionista desconecta sus máquinas y se traslada a Honduras, Nicaragua o El Salvador,  e igual no van a tributar aquí ni allá”, señaló  Antonio Malouf,  integrante de la directiva de la Comisión de Vestuario y Textil.

ESCRITO POR:

Urias Gamarro

Periodista especializado en macroeconomía, finanzas públicas e infraestructura, con 20 años de experiencia en medios radiales, impresos y digitales.