“Está marcando las líneas para los embajadores y para todos los funcionarios de Gobierno, para que estén claros de que nosotros somos respetuosos de la independencia de los organismos del Estado y que en esa línea nosotros vamos a aceptar lo que salga del Organismo Judicial, en este caso de los Tribunales y el Ministerio Público”, resaltó el gobernante.

Después de haber mencionado aspectos del proceso y sentencia, el comunicado se refiere a la comunidad internacional, a la cual se le solicita continuar con su compromiso y apoyo a los acuerdos de paz, en el marco del pleno respeto a la institucionalidad pública guatemalteca.

“Lo anterior se debe ver reflejado en un actuar correspondiente a las costumbres y normativas diplomáticas aceptadas por todos los Estados, y en particular en la no injerencia en asuntos nacionales y judiciales que se conocen, deliberan y resuelven con absoluta libertad”, reza el pronunciamiento.

Al respecto, Pérez Molina explicó: “Como guatemaltecos somos un país soberano, y como soberanos los guatemaltecos pedimos que nos respeten nuestras instancias”.

Ven contradicción

Leonardo Camey, subjefe de bancada de Libertad Democrática Renovada, consideró que el Gobierno se contradice porque en el país siempre han participado los organismos internacionales por solicitud del Estado, incluso para que nos ayuden a combatir la impunidad y el crimen organizado.

Para el diputado de Winaq, Amílcar Pop, la solicitud del presidente y de la Cancillería es “irrelevante e innecesaria”, ya que “incidencia ha habido en el país y se ha permitido”, como el año pasado, cuando se permitió la presencia de militares extranjeros.

Pop agregó: “Sería bueno preguntarle al mandatario si también se refiere a la forma en que se sortearon la ley de telecomunicaciones a multinacionales, o a la incidencia directa en la distribución abusiva de los recursos naturales a multinacionales”.

Leonel Lira, del bloque Encuentro por Guatemala, cree que Pérez Molina debe encargarse de la soberanía del país, pero no tiene que inmiscuirse en el caso Ríos Montt porque “al final lo que está haciendo es una interferencia del Ejecutivo, acerca de una sentencia de otro poder del Estado”.

Ovidio Monzón, diputado de Todos, señaló: “Al referirse a la comunidad internacional de la forma como lo ha hecho, es su estilo, porque para unas cosas la comunidad internacional sí le sirve y para otras no”.

Análisis

“El Gobierno está en su derecho y el comunicado recuerda acertadamente las maneras en las cuales se debe dar la diplomacia y la interposición de buenos oficios en el ámbito diplomático, y no llegar a una situación de injerencia en los asuntos internos”, opinó Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales.

Recordó además que en la época de la transición democrática algunas representaciones diplomáticas, como europeas, trataron de influenciar para intermediar y evitar abusos contra activistas de derechos humanos.

De acuerdo con José Dávila, analista político, el Gobierno asumió una posición “a la defensiva”, tras la sentencia en contra de Ríos Montt.

“El comunicado lo vi con un cierto conformismo del Gobierno en cuanto a no presión internacional, sino expectativa internacional. Creo que presi��n no hubo, pero sí expectativa y expresión de opiniones y eso ha puesto al Gobierno en una posición a la defensiva”, aseguró Dávila.

Agregó: “El golpe ya está dado, y en ese sentido veo al Gobierno en una posición un poco debilitada; al Cacif, radicalizado, y la Iglesia parece observadora”.