Prensa Libre

POR M. HERNáNDEZ Y J. GRAMAJO

“Tuve una reunión para hacer una evaluación y el resultado es que hemos cumplido en ocho días la primera fase de lo que nosotros planificamos para restablecer el orden y la seguridad en el área. El estado de Sitio no es más necesario en los dos departamentos, por lo tanto se levanta el estado de Sitio y declara estado de Prevención”, explicó Pérez Molina en una conferencia ofrecida en la Casa Presidencial, donde estuvo acompañado por los ministros de la Defensa, Ulises Anzueto, y de Gobernación, Mauricio López Bonilla.

El anuncio se da luego de que varias bancadas de oposición en el Congreso de la República, diversos grupos sociales y algunos vecinos de los poblados afectados cuestionaran la necesidad de decretar estado de Sitio, el cual al inicio fue justificado por la supuesta presencia de grupos de narcotráfico en esos lugares, lo cual no pudo ser comprobado.

“Del cuarto nivel, que es el estado de Sitio, pasamos al primer nivel, que es el estado de Prevención. Este nos va a permitir continuar con las actividades que estamos llevando, especialmente en la búsqueda de explosivos y del armamento que aún se encuentra perdido. Las unidades siguen en el lugar, los operativos van a seguir”, refirió el mandatario.

Las autoridades afirman que el Ministerio Público seguirá trabajando en los allanamientos —que han dejado 18 detenidos— y en tratar de cumplir con las órdenes de captura contra 25 personas que aún no se ejecutan.

Los mismos lugares

El presidente manifestó que el estado de Prevención se mantiene en los mismos lugares, Jalapa y Mataquescuintla, en Jalapa, y Casillas y San Rafael Las Flores, en Santa Rosa.

“Los derechos individuales casi son restituidos prácticamente, comparados con el estado de Sitio. La autoridad militar tenía el control, ahora cada una de las instituciones va a hacer lo que le corresponde, sin que haya una coordinación del Ejército. Lo que estaremos haciendo es restablecer gradualmente el orden en estos lugares”, explicó Pérez Molina.

PP evita votación

Aunque en la mañana se esperaba que varias bancadas actuaran para exigirle a la Junta Directiva del Congreso que regresara al pleno el acuerdo que le dio luz verde al estado de Sitio, la mayoría de diputados del Partido Patriota (PP) se ausentaron del hemiciclo, lo cual fue calificado por opositores de una acción para “evadir la ley”.

Manuel Barquín, tercer secretario del Congreso, aseguró que la Junta Directiva esperaba la resolución del amparo presentado por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), en la cual se solicitaba que se ordenara al Legislativo que se aprobara el estado de Sitio, tal como lo establece la Constitución en el artículo 138, y la Ley de Orden Público, en el 6.

Durante dos horas los opositores esperaron que se iniciara la sesión permanente, pero a las 12 horas, el presidente del Congreso declaró receso y convocó para el próximo martes, pese a que había 78 diputados adentro y más de 10 oficialistas se encontraban en la puerta del hemiciclo.

En tanto, entre los diputados del PP ya corría el rumor de que el estado de Sitio sería finalizado por el Ejecutivo.

“No hubo quórum; esperamos bastante tiempo”, expuso Muadi al ser consultado por los legisladores. “Hay un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) y vamos a esperar qué resuelven los magistrados, a ver si nos enmiendan la plana o no”, refirió.

El inicio el jefe del PP, Valentín Gramajo, negó en varias oportunidades que la ausencia de los oficialistas hubiera sido premeditada, pero al final de la sesión reconoció que se trató de una estrategia porque se encontraban cabildeando el apoyo para aprobar el estado de Sitio.

Afuera del Palacio Legislativo, autoridades ancestrales y organizaciones campesinas exigieron que se desaprobara la medida, la cual califican de ilegal, porque el Congreso no la había aprobado el martes.

Orlando Blanco, jefe de la UNE, anunció que ayer en la tarde la CC le notificó que le fue otorgado el amparo, por lo que considera que la decisión del presidente de derogar el estado de Sitio se dio para “no aceptar que cometieron un grave error en el Congreso y que violaron la Constitución”.