Del lado empresarial hay criterios divididos, mientras un grupo advierte de la pérdida de hasta 200 mil empleos de no aprobarse pronto la norma, otros la ven como una desventaja competitiva al no poder recibir los mismos beneficios fiscales que contempla la ley.

La norma, conocida desde enero del 2013 en el Congreso, es parte de los compromisos que el Estado de Guatemala adquirió ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), para eliminar incentivos ahora vigentes en la Ley de Fomento y Desarrollo de la actividad Exportadora y Maquila y promover nuevas inversiones con exenciones fiscales, dirigidas principalmente a generar empleos fuera de la capital.

Cambios necesarios

Las bancadas Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Partido Patriota (PP) y Todos conocieron y aprobaron en las últimas semanas 30 enmiendas a la ley, luego que la SAT advirtiera de que al aprobarse la normativa en su redacción original se ponía en peligro la recaudación fiscal al permitir una migración masiva de empresas al nuevo régimen exento de impuestos.

Según diputados los cambios se enfocaron en darle “herramientas” a la SAT para evitar pérdidas tributarias.

“Una SAT débil genera una pérdida fiscal difícil de estimar porque la ley amplía los beneficios y no se sabe cuántas empresas intentarán trasladarse legalmente a estas unidades o zonas de inversión y empleo, dejando de tributar como ya lo hacen, y si no hay control habrá una pérdida”, explicó el diputado Carlos Barreda.

Entre los peores escenarios que la Ley podría provocar, según temen algunos legisladores, es que al consolidar hasta por 55 años los beneficios fiscales a nuevas inversiones, empresas ya establecidas y tributando opten por hacer una nueva constitución y presentarse como inversiones acogidas en el nuevo régimen, provocando una defraudación fiscal.

La ley también beneficia a los socios de las empresas hasta ocho años, exentos de Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre las utilidades recibidas.

Otro escenario de riesgo y que se trató de corregir en las últimas enmiendas aprobadas es controlar, a través de declaraciones distintas ante la SAT, la venta de productos en el país que sí están sujetos a impuestos por empresas que opten por dejar parte de su producción en el mercado local.

Los temores a que se cree un agujero fiscal han llegado incluso al oficialismo, pues de acuerdo con algunos legisladores, el Ejecutivo preferiría aprobar la ley el próximo año para implementarse en el 2016 y no sufrir los efectos negativos en el último año de su gestión.

Los 30 cambios ya han sido aceptados además por la SAT y el Ministerio de Economía (Mineco); sin embargo, aún no se han logrado los consensos fuera del Congreso para que se pueda aprobar la ley.

Juan José Porras, jefe del bloque oficial, afirma que “ha faltado voluntad política de plasmarlo en una agenda y poderla aprobar”.

Legisladores de oposición estiman que sería hasta agosto que se vuelva a discutir la aprobación.

Divididos

La ley, según explicó el Ministerio de Economía en varias oportunidades, es urgente para ofrecer certeza jurídica a las actuales inversiones y evitar que las empresas busquen países vecinos como El Salvador, que ya logró cambios en su legislatura a beneficio de las exportaciones.

A esto se ha sumado la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) que resalta el peligro de perder hasta 80 mil empleos, solo en el área de vestuario y textiles, principal actividad de exportación en el país.

“Al no ser aprobada esta ley impactaría a dos millones de guatemaltecos, si pensamos que de los más de 500 mil empleos que se generan bajo los regímenes actuales forman núcleos familiares de alrededor de cinco miembros. Esto solo si se considera que el 91 por ciento de la inversión de la industria de vestuario y textiles es extranjera”, señaló en un comunicado el director de la Agexport, Antonio Malouf.

En el otro extremo, la Cámara de Comercio considera que la ley es necesaria y se debe aprobar para cumplir los compromisos con la OMC, pero la reforma debe ser integral para no afectar las actuales inversiones y de ahí que se han hecho observaciones a la actual redacción del proyecto.

“El afán de la Cámara es hacer una propuesta integral que logre que el país crezca en empleo y tributación, que en contexto integral mejoren las condiciones de productividad del país sin descuidar aspectos”, expuso Jorge Briz, presidente de la referida Cámara.

Sectores sindicales también manifiestan dudas sobre el objetivo de fondo de la norma, incluso señalan que podría estar dirigida a beneficiar al sector empresarial sin proteger los derechos laborales.

Para la Federación Sindical de Empleados Bancarios, de Servicio y del Estado, la iniciativa tiene una “dudosa eficacia” y las exigencias hacia la generación de nuevos empleos son “poco ambiciosas”.

Empresas  beneficiadas

Según la Ley, varias actividades están contempladas en los beneficios fiscales, siempre que se consideren nuevas inversiones y dedicadas a la exportación del producto.

Procesamiento de transformación y comercialización de mercancías agropecuarias.

Producción, ensamble o maquila, manufactura, procesamiento o comercialización de mercancías industriales.

Servicios que sean utilizados fuera del territorio aduanero nacional o  a personas no domiciliadas en el país.

Empresas que cumplan con  actividades estratégicas como producción cuya mano de obra esté  arriba del 20 por ciento de sus costos.

 La producción de bienes o prestación de servicios de alta tecnología.

Prestación de servicios eficientes en la utilización de recursos renovables.

Producción de bienes y servicios que incluya componentes de preservación del medioambiente.

Sindicatos

Sin garantías

Para la Federación Sindical de Empleados Bancarios, de Servicios y del Estado de Guatemala, la ley ofrece más problemas que soluciones.

“Es una forma de generalizar los privilegios fiscales a los empresarios” y a través de un documento, solicitaron al Congreso revisar la normativa antes de su aprobación.

“Las exigencias de empleo son poco ambiciosas, realistas y van en contra del anuncio del título de la ley, en concreto, podemos aseverar que están regalando el país y que el esfuerzo fiscal del Estado aunado con la reducción del salario mínimo y la competencia de los demás países de Centroamérica, no producirá los efectos positivos publicitados, pero sí los negativos”.

Cabildeos

Analizan apoyo

En el Congreso, de acuerdo con  diputados,  existe el apoyo suficiente a la ley y de ser propuesta por el oficialismo sería aprobada, incluso de urgencia nacional.

Carlos Fión, jefe del bloque Compromiso, Renovación y Orden, ofreció los  votos de su bancada a favor de la ley.

“Pensamos que es indispensable para la competitividad”, dijo.

Roberto Villate, de Libertad Democrática Renovada, aseguró que se está en el análisis y  no descarta apoyar el proyecto.

Agregó: “Estamos en análisis  para definir su aprobación, en el PP no sé lo que pasa, algún problema tendrán para que haya sido prioridad y luego pierda su magia”.

Al apoyo se han sumado la UNE y Todos.

Cámara

Debe ser integral

Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio,  aseguró que ya se han hecho las observaciones respecto de  la normativa y destacó que de aprobarse como hasta ahora se ha planteado, podría provocar cierta desventaja de empresas ya constituidas  frente a nuevas inversiones con beneficios fiscales.

Agregó: “Venimos de una reforma fiscal irresponsable que nos coloca en un marco complicado. Con toda claridad queremos promover exportaciones sin afectar el mercado local, conservando las variables macroeconómicas”.

Según Briz, el proyecto de ley todavía es susceptible de cambios y no se debe agilizar en el Legislativo, para poder analizar el “panorama completo”.

Agexport

Piden ley

El sector exportador,  representado en  la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), ha demandado  la aprobación de la ley.

Según la Agexport, existe una  amenaza sobre unos  80 mil empleos actualmente.

“Priorizar la inversión  y generación de empleo en el interior de la República, atraer inversiones que generen empleo masivo como mano de obra  y buscar generar mayor valor agregado a la  producción son de los principales beneficios que traería a Guatemala”, señala.

Antonio Malouf, director de la Agexport,  aseguró  que “cerca de 60 compradores internacionales al no tener una certeza jurídica de su inversión pueden tomar la opción en cualquiera de nuestros países vecinos”.

Ruta

Larga discusión

La propuesta de ley de inversión y empleo llegó a la Comisión de Economía y Comercio Exterior el 13 de septiembre del 2013  y el dictamen favorable fue remitido a la Dirección Legislativa el 4 de febrero, aunque las últimas enmiendas se conocieron y aprobaron la segunda semana de mayo.

En el Congreso, el aprobar la ley fue prioridad durante marzo y abril;  sin embargo,  el apoyo se  limitó luego que la Superintendencia de Administración Tributaria afirmara que la ley  provocaría un agujero fiscal de hasta Q200 millones.considera lista.

Norma

Cambios a la ley

Entre las 30 enmiendas que ya superaron la discusión en la Comisión de Economía  resalta el incluir a la Superintendencia de Administración Tributaria en la toma de decisiones y análisis de las empresas que estarán incluidas en los beneficios que ofrece la ley de inversión.

Para algunos legisladores, el inicio de  la ley dejaba solo al Ministerio de Economía responsable del proceso de autorización y regulación de Zonas Francas, lo que representaba una ventaja para el sector económico y podía comprometer la recaudación fiscal.

Con los recientes cambios a través de enmiendas, el ente recaudador tendrá las herramientas necesarias para poder ejercer la fiscalización de las zonas.