La normativa generó de inmediato el rechazo de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), por considerar que se viola la autonomía de las comunas al fijar arbitrios y administrar territorios ediles.

La Ley también fue cuestionada por considerar que privilegia los intereses de las grandes compañías de telecomunicaciones en el país y limita a las pequeñas y emergentes que buscan competir en el mercado de transmisión de datos y servicios de cable, principalmente en la provincia.

La norma fue incluida en una moción privilegiada con la cual se suspendió la interpelación de la ministra de Educación, Cynthia del Águila, en la que también se incluyó la convocatoria a la comisión de postulación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el dictamen en primer debate de la ley de jurisdicción indígena.

Como pocas veces durante esta legislatura, se unieron oficialistas y opositores, y al final, de los 116 diputados presentes, 108 votaron a favor de la propuesta cabildeada por el bloque oficial, lo que permitió la aprobación de la nueva agenda.

Caballo de Troya

La repentina Ley de Control de Telecomunicaciones consta de 17 artículos, pero solo uno se refiere al control de la transmisión de datos en las prisiones y obliga a las empresas que prestan el servicio de telefonía a no generar tráfico de telecomunicaciones móviles dentro de las cárceles.

El objetivo principal de la normativa y a lo que se dedica casi el total del articulado es a normar la autorización y administración de las torres y equipos de transmisión de datos, así como los pasos de servidumbre en el territorio nacional de las transmisiones de telecomunicación en el país.

Esto para algunos diputados, que incluso votaron a favor —que pidieron no publicar sus nombres—, es una estrategia del bloque oficial para ocultar bajo otro nombre e intención, controles y prebendas hacia las empresas que dominan el mercado de telecomunicaciones en el país, por lo que la propuesta merecía una discusión más amplia.

El diputado Mario Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza, refirió que se salieron al conocer la moción.

“Nos oponemos a que no se respeten decisiones de jefes de bloques, se dejan fuera las leyes que se habían negociado y nos sorprenden con esta, que merece más discusión, y vienen sin avisar nada, con una ley que nadie conocía y aprueban de urgencia nacional”, expresó.

Juan José Porras, jefe del bloque del Partido Patriota, negó que la Ley formara parte de los intereses de la bancada y que la haya enviada el Ejecutivo.

Expuso: “Es un tema que viene de la propia necesidad, también los ciudadanos pueden ver un tema subyacente, que es la inseguridad. Por un lado, ordena ese tema, y por otro, unifica cómo las municipalidades llevan a cabo los cobros de las distintas tasas por las torres de transmisión de datos”.

impugnaciones

Diputados dividieron su criterio sobre la Ley aprobada, algunos convencidos del cambio, y otros, dejando al tiempo las impugnaciones, por una posible violación a la autonomía municipal.

Los criterios en contra giraron en relación con el poder que les quitan a las comunas de regular su territorio y la imposición de arbitrios.

“Lo que se hizo fue establecer un arbitrio estandarizado, para que las municipalidades no puedan abusar en el cobro, una diferencia de criterios, y que un alcalde decida instalar un equipo a un precio y otro pida más o menos”, dijo Leonel Lira, de Encuentro por Guatemala.

Luis Chávez, de Libertad Democrática Renovada, indicó: “La autonomía municipal, en todo caso, debería revisarse, porque lo han tomado como personal algunas autoridades municipales, en el sentido de dar el derecho de paso a cambio de una caución económica y se va a volver una anarquía”.

Valentín Gramajo, del PP y presidente de la Comisión de Comunicaciones, afirmó que está convencido de haber aprobado una Ley de beneficio común y que, de existir una inconformidad, no es el Congreso el que debe conocerla.

“Las municipalidades, si no están de acuerdo, podrán plantearlo, y para eso está la Corte de Constitucionalidad. Ellos decidirán”, aseguró Gramajo.