Prensa Libre

POR JESSICA GRAMAJO

El oficio, al que Prensa Libre tuvo acceso, no fue recibido por la Dirección Legislativa —como usualmente se hace—, sino por la primera vicepresidenta, Mirna Figueroa de Coro, quien lo remitió a Asesoría Jurídica del Congreso.

Posteriormente se devolvió a la CSJ, a pesar de que en el documento no se establecía una razón por la cual se pide de vuelta el expediente.

El diputado Amílcar Pop, ponente de la denuncia contra Del Águila y quien hasta ayer no había sido recibido notificación, expuso: “La actitud de la Corte genera dudas. Quiero confiar en la honorabilidad de la CSJ, pero es una actitud inusual, por lo que prefiero no pensar que hay una decisión anómala, aunque esa acción no existe en el procedimiento formal”.

El expresidente del Legislativo, Roberto Alejos, comentó que este procedimiento no se había hecho con anterioridad,

Según el legislador Mario Taracena, del bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza, si ya se había dado trámite al expediente, debió ser el pleno el que autorizara la devolución de los documentos.

El presidente Otto Pérez Molina aseguró que el Ejecutivo aún no ha recibido notificación.

El antejuicio fue promovido por incumplimiento de deberes, debido a que Del Águila no envió mensualmente informes financieros a la Comisión legislativa de Transparencia, lo cual es un mandato de ley.

El Congreso debe crear una comisión pesquisidora, integrada por cinco diputados, para que determine si se sebe retirar ese beneficio a la funcionaria.