Si uno de los dos países dice que no, el litigio territorial continuará dependiendo de arbitrajes. Por ello, Guatemala expresó su preocupación ante la reforma que Belice hizo a su legislación sobre referndos, en la cual se establece que debe haber un mínimo del 60 por ciento de votantes registrados y el 51 por ciento de votos a favor para que la consulta en ese país sea válida.

El proceso tiene un costo de Q260 millones y las autoridades temen que con las reformas a la ley de referendos no hayan condiciones favorables para la consulta popular.

Durante una reunión que los cancilleres de estos países sostuvieron a finales de enero en Chile, el diplomático beliceño Eamon Courtemay confirmó que la participación electoral de su país supera el 75 por ciento, por lo que no duda que la consulta cuente con suficiente participación.

El presidente Otto Pérez Molina ordenó una revisión en los archivos de la comisión de Belice para determinar responsabilidades por la firma del acuerdo, sin prestar atención a la reforma de ley que hizo Belice. Señaló al expresidente Álvaro Colom y al excanciller Haroldo Rodas de no haber priorizado los intereses de los guatemaltecos.