Guatemala

Ejecutivo entrega al Congreso iniciativa de incentivos forestales

Esta mañana el Organismo Ejecutivo entregó al Congreso la iniciativa de ley Probosques, que busca contribuir al desarrollo rural del país a través del fomento de las inversiones públicas y privadas en bosques.

La actividad se desarrolló en un hotel capitalino. (Foto Prensa Libre: Congreso)

La actividad se desarrolló en un hotel capitalino. (Foto Prensa Libre: Congreso)

CIUDAD DE GUATEMALA – La propuesta surge ante la finalización del Programa de Incentivos Forestales del Estado de Guatemala (Pinfor), que inició en 1997 y culminará en 2016.

De aprobarse la nueva fase de incentivos iniciará en 2017 y tendrá vigencia por 30 años, fomentando actividades de protección y reforestación de los sistemas forestales, creando 900 mil empleos rurales no agrícolas.

Entre los beneficios que traerá consigo esta iniciativa, está la creación de una oferta de 1.7 millones de toneladas de leña al año, provenientes de bosques energéticos y naturales, así como 2.5 millones cúbicos anuales de madera para abastecer la demanda de pequeñas y medianas empresas. Además, se estarán inyectando Q431 millones anuales a la economía rural.

También se prevé que se evitará la pérdida de 8.7 millones de toneladas de suelos y habrá mayor gobernanza de los bosques del país, con lo cual se garantizarán las fuentes de agua, márgenes de ríos protegidas y la reducción de pérdidas por variabilidad climática.

El Pinfor ha requerido una inversión de Q1 mil 500 millones y beneficiado a más de 830 mil personas, que a su vez reforestaron más de 100 mil hectáreas.

Elmer López, presidente de la Junta Nacional de Bosques, explicó que de cada Q100 que se invierten en este programa 35 provienen del sector gubernamental y el resto del sector privado.

El jefe del Legislativo, Arístides Crespo, indicó que los diputados están sensibilizados en el tema ambiental y no duda que la propuesta sea acogida por los parlamentarios por sus efectos multiplicadores en el desarrollo del país.

Con esta ley se estarían invirtiendo Q465 millones anuales, de los cuales Q200 millones estarían a cargo del Estado a través del presupuesto y el resto será de la iniciativa privada, dijo el presidente Otto Pérez Molina.

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