1. El combate contra la corrup- ción, especialmente cuando es descarada y se demuestra que es extendida, como en Guatemala, favorece posiciones y acciones conjuntas de amplios sectores (religiosos, empresariales, clases medias, trabajadores e intelectuales) para renovar al Estado y mejorar al país.

2. La lucha contra la corrupción debiera destacar su dimensión ética, moral. Implica tolerancia cero frente a la corrupción. Y mediante nuestro voto debemos castigar a los candidatos sindicados de corrupción y de falta de transparencia.

3. Hay dos patas básicas del Estado seriamente debilitadas por la corrupción. Son el financiamiento y los empleados públicos; son el capital financiero y el capital humano que el Estado requiere para operar. Ello justifica considerar a la SAT como objeto de atención prioritaria a corto plazo, especialmente a la luz de la crisis que ahora enfrenta. En segundo lugar debiera estar la reforma de la ley de servicio civil para que contemos con funcionarios públicos capaces, honrados, e independientes de intereses específicos.

4. La corrupción es incompatible con la existencia de una república. Una dimensión central de la república es el estado de derecho. Con corrupción generalizada y evidente, como ocurre actualmente en Guatemala, no hay estado de derecho: la república no existe. Luchar contra la corrupción es luchar por la república y por el estado de derecho, con la ley aplicable por igual a todos, incluyendo a funcionarios y a grandes empresarios.

5. Sin mecanismos centrales de control y sin estado de derecho en todo el país, la corrupción centralizada y la descentralizada (en municipalidades y consejos de desarrollo) se fortalecen de manera recíproca.

6. El clientelismo, que es una forma de corrupción, aprovecha la existencia de pobreza y crea un mercado de votos y franquicias (no partidos) en que el acceso a recursos (del Estado y otros) no permiten que surja una ciudadanía plena. Luchar contra el clientelismo significa luchar por una mejor democracia, de ciudadanos. Una nueva ley electoral y de partidos políticos podría mejorar la democracia y reducir la corrupción.

7. El enriquecimiento inexplicable de autoridades fortalece la búsqueda de soluciones ilícitas y de ganancias fáciles, contrarias a la justicia y a los valores del trabajo y el esfuerzo. Conduce a que recursos humanos, materiales y financieros, públicos y privados, no se usen ni honesta ni eficientemente.

8. La percepción generalizada de corrupción va en contra de un debate político de altura. Cuando la corrupción es tan extensa el Estado fracasa y la búsqueda de soluciones se concentra en asegurar un mínimo de honestidad, con un servicio civil que funcione. Sin capacidad de implementación honesta, la discusión de alternativas de estrategia y de política se vuelve teórica.

9. Además de recursos financieros y humanos, el Estado también requiere mecanismos de control. Por ello la agenda contra la corrupción no debe incluir solamente reformar a la SAT y la ley de servicio civil, así como la ley de contrataciones, sino también reformas de la Contraloría y el fortalecimiento de la Fiscalía contra la corrupción.

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