Prensa Libre

ÓSCAR VáSQUEZ BOCANEGRA

Pasó de ser un fondo que atendía a los segmentos de población en situación de pobreza y pobreza extrema, especialmente a las víctimas del conflicto armado interno, a un ente amorfo, con múltiples funciones y sin mecanismos de control interno y externo adecuados.

En una palabra, en una institución discrecional, clientelar y perfectamente permeable a las prácticas de corrupción y clientelismo político que durante los últimos años han caracterizado a la inversión social y de infraestructura en Guatemala. Asimismo, Fonapaz se convirtió en un botín para emplear a la planilla del partido político de turno y foco de corrupción en casi todas sus operaciones.

Sin embargo, la consideramos tardía (pudiéndose haber evitado posibles actos anómalos y el desgaste de la imagen del Gobierno), ya que el 22 de mayo del año pasado, desde Acción Ciudadana, solicitamos el cierre de todos los fondos sociales o el traslado de sus funciones y competencias al Ministerio de Desarrollo Social, en un esquema de transparencia, rendición de cuentas, sistemas de libre acceso a la información pública, mecanismos de participación ciudadana y sistemas para atender denuncias, quejas y reclamos de forma ágil y al alcance de toda la ciudadanía.

El cierre de Fonapaz no debe ser una decisión aislada, sino el inicio de todo un proceso de ordenamiento y reconfiguración total del sistema nacional de inversión pública, el cual se encuentra colapsado por la multiplicidad de funciones institucionales, el poco marco normativo y de control existente, la escasa o difícil coordinación entre entes ejecutores, las prácticas clientelares y los débiles mecanismos de transparencia.

Dos pasos importantes a seguir serían el análisis de la viabilidad y costos de operación del resto de fondos sociales (Fonades, Fondo Social de Solidaridad, Foguavi, por ejemplo), así como dotar de un marco regulatorio mínimo a la distribución, ejecución y control de los recursos del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo (presupuesto de inversión aprobado para 2013: más de Q2 mil millones).

La transparencia es un eje transversal de la gestión pública, constituye un medio, la forma correcta de administrar los recursos del Estado.