Prensa Libre

MARIELOS MONZóN

Disfrazar el asunto y reducirlo a una cuestión de preocupación económica —por el monto de los resarcimientos— es parte de la estrategia que se venía cocinando desde tiempo atrás en la Secretaría de la Paz. Por supuesto que lograr la impunidad para los crímenes del pasado es un objetivo común de quienes integran el Partido Patriota —y no una graciosa ocurrencia del actual secretario de la paz—. Lograr la amnistía —sin exclusiones— es una de las razones por las que querían llegar al gobierno.

Durante la campaña ya habían dado muestras de cuál era la línea, aunque se habían cuidado bastante de presentar a su máximo líder como un militar firmante y comprometido con la paz, caracterización que queda en entredicho después de lo visto y oído en los últimos 12 meses.

¿Recuerdan la entrevista en la que el candidato Pérez Molina afirmó: “Quiero que alguien me demuestre que hubo genocidio”? ¿O el discurso de toma de posesión en el que arremetió contra las y los defensores de derechos humanos, los familiares de las víctimas y los sobrevivientes, por su trabajo y exigencia de recuperación de la memoria, la verdad y el acceso a la justicia?

Los primeros meses del Gobierno también fueron sumando a la estrategia de la impunidad: irónicamente, la Secretaría de la Paz ordenó el cierre de la Dirección de los Archivos de la Paz —que había digitalizado dos millones de folios sobre lo ocurrido durante la guerra y cuyos peritajes contribuyeron a dictar sentencias condenatorias en casos emblemáticos— y solicitó, en nombre del Estado, que la Corte Interamericana no juzgara la masacre de Río Negro en la que se asesinó a más de 400 personas.

El uso reiterado del argumento sobre que la justicia no contribuye a esclarecer la verdad ni a alcanzar la reconciliación, sumado a la insistencia sobre que en Guatemala no hubo genocidio y que hay una amnistía vigente que no permite el juzgamiento de ninguno de los hechos ocurridos, son la base argumentativa del mentado acuerdo gubernativo que busca echar por tierra la posibilidad de las víctimas de alcanzar la justicia. Porque está clarísimo que si el Estado guatemalteco cumpliera con su deber, la Comisión y la Corte Interamericana no tendrían vela en el entierro.

A mí no me extraña que un gobierno presidido por un militar en activo durante los tiempos duros de la guerra y exdirector de la inteligencia militar haya colocado como secretario de la paz (así, en minúscula) a un personaje con las credenciales del señor Arenales y haya emitido un acuerdo como el 370-2012; sí me extraña que haya quienes estén sorprendidos de la mano blanda de estos señores contra quienes cometieron los peores crímenes de nuestra historia, pero no se le pueden pedir peras al olmo.