Prensa Libre

FRANCISCA GóMEZ GRIJALVA

han desmentido esta declaración y han denunciado que un pequeño grupo de personas —trabajadores de Cementos Progreso— son los que están a favor de este proyecto, mientras que 40,000 mujeres y hombres se oponen a las operaciones de dicha cementera en territorio kaqchikel.

Las 12 comunidades arguyen que la cementera, lejos de aportarles beneficios sociales y económicos provocará la destrucción de las montañas y la disminución del caudal del agua en su territorio.

Estos argumentos son incuestionables, en especial si se toma en cuenta que el agua es vital para la vida de las comunidades y que su principal fuente son las montañas. Por ello, es realmente comprensible que las 12 comunidades se opongan a la fábrica de Cementos Progreso en su territorio porque es claro que además de destruir las montañas, provocará serios problemas de salud, afectará la fertilidad de los suelos y contaminará seriamente el ambiente.

No cabe duda que esta conflictividad social es continuidad de un largo y difícil proceso de lucha que han iniciado las 12 comunidades maya kaqchikel de San Juan Sacatepéquez desde el 2006. Ellas desafían las arbitrariedades de los capitales nacional y transnacional que pretenden imponer con lujo de fuerza la industria de cemento en su territorio. Estos capitales amparados por los gobiernos de turno a través del control social y la represión han criminalizado —y criminalizan— a estas comunidades por defender sus derechos sociales, económicos y territoriales.

Por ello, es inaceptable la insensatez del señor Humberto Pretti que acostumbrado a manipular la información, no aclaró que el Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) al que hace referencia en su columna y liderado por el señor Mario Noj (PL, 02/02/2013), fue un (Cocode) paralelo e ilegítimo, integrado por pequeños grupos de trabajadores de la cementera creado por la administración municipal anterior.

Además, el señor Pretti no señaló en su columna que los trabajadores de Cementos Progreso portan armas de fuego y amenazan que correrá sangre en San Antonio Las Trojes I si la gente se sigue oponiendo a las actividades de la cementera, proyecto, que vale aclarar beneficiará principalmente a las familias Novella y Torrebiarte, pues figuran como las mayores accionistas asociadas al grupo transnacional suizo Holcim.

Confundir a la opinión pública, concentrar el agua en pocas familias y criminalizar las luchas sociales, es a todas luces un acto de violación de los derechos humanos de las comunidades históricamente subordinadas, excluidas y explotadas en este país.