
Hartos de la corrupción y la mediocridad que caracteriza a la mayoría de nuestras instituciones públicas (el Congreso, el sistema de justicia, la Policía, las alcaldías… ¿sigo?) es frustrante ver cómo abundan los funcionarios que se empeñan en buscar recursos frescos para que su familia progrese.
No sé si los empleados públicos se imaginan lo que sentimos “los de la sociedad civil” cada vez que conocemos sobre un desfalco más, sobre otra obrita —que nos cuesta millones— que no se está ejecutando adecuadamente, sobre otro negocio hecho a nuestras costillas. Así nuestra realidad, cada vez que otorgan una nueva concesión para la explotación de recursos no renovables —como petróleo, oro, plata, níquel— o cuando pretenden justificar la prórroga ilegal de un contrato petrolero —como ahora el de Laguna del Tigre— bajo el argumento de que se necesitan recursos económicos, se produce un sentimiento de indignación entre quienes sabemos que la mayor parte de esos fondos van a parar a los bolsillos de los funcionarios que proponen, facilitan y apoyan la entrega de nuestros recursos.
Pero ahora no nos roban solamente el oro y el petróleo, también nos están robando el futuro. Ante la andanada de campos pagados, entrevistas y columnas, donde alcaldes, gobernadores, funcionarios, admiradores y defensores de las industrias que explotan nuestros recursos enumeran entusiastamente los beneficios económicos que estas generan, yo solamente quiero poner un hecho sobre el tapete: de todos nuestros bienes naturales, el más importante es el agua. Uno de los problemas más graves que provoca la explotación de petróleo y minerales metálicos es que demanda y contamina enormes cantidades de agua. Laguna del Tigre es una fábrica de agua subterránea. Nada la puede substituir si la perdemos. En la mina Cerro Blanco de oro y plata, que explota Entre Mares (otra subsidiaria de Goldcorp) en Jutiapa, tendrán que extraer tres mil 750 galones de agua por minuto (cada minuto de las 24 horas del día, los 365 días del año mientras exploten), agua que saldrá caliente (70°C) y con arsénico, según datos de su evaluación de impacto ambiental. Si las explotadoras de níquel logran su cometido, se instalarán minas en casi todo el departamento de Izabal y tendremos un enorme charco donde hoy está el lago más grande del país. ¿Tienen la película? Si seguimos entregando nuestra riqueza para explotación y beneficio extranjero, dentro de unos años vamos a tener un país deforestado y seco, lleno de enormes agujeros y torres petroleras rodeadas de las fuerzas de seguridad que los cuidan. A su alrededor, la gente empobrecida y desnutrida va a estar, además, enferma. Si hemos sido incapaces de valorar y cuidar nuestro increíble patrimonio natural, que no nos digan que ¡ahora sí! con los recursos que va a producir la destrucción de nuestra Tierra se van a cuidar bosques, selvas, ríos y lagos, y que la gente va a salir de la pobreza. Tengo la impresión de que el Gobierno nunca se ha distinguido por un manejo transparente y efectivo de los recursos del Estado.
¿Qué chance tenemos de evitar que se entregue Laguna del Tigre, por ejemplo? Los alcaldes de Petén ruegan por la prórroga, y es lógico, porque ellos reciben Q2.8 millones cada dos meses. Dicen que el Procurador General fue empleado de la petrolera. Según el ministro de Energía y Minas, fue el mismo presidente de la República quien dijo, en marzo del 2008, que había que prorrogar los contratos petroleros y le pidió a Baldizón la Ley de Fonpetrol. Hay quiénes quieren creer o soñar. Yo ya no puedo.
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