Prensa Libre

Wikipedia, en la biografía de Arzú, al referirse al asesinato de monseñor Juan José Gerardi, ocurrida el 26 de abril de 1998, afirma: a) “Arzú se aprestó a afirmar que el asesinato había sido un crimen común, no político”; b) “desde el inicio de la investigación se observó una actitud flagrante de Arzú para desvincular a sectores del Estado del hecho” y c) tres militares, “incluyendo un capitán que formaba parte de su seguridad, fueron juzgados y hallados responsables de la muerte del obispo”. Si Arzú tuviera actitudes coherentes, habría arremetido contra este informe. Su silencio se puede interpretar de muchas maneras, de las cuales ninguna le es favorable.

La pregunta obvia se refiere al porqué de ese silencio, de esa actitud. La respuesta debe ser buscada en las actuales corrientes en contra de la libertad de expresión, dentro y fuera de los medios informativos. La manera como se comporta en las sesiones del concejo capitalino es un buen ejemplo. Sus integrantes ya no pueden siquiera hacer preguntas sin recibir desplantes de todo tipo, a lo cual se deben agregar los gritos con los que afirmó la semana anterior que la municipalidad sería manejada “como a él le da la gana”.

Arzú, al hacer acusaciones y llamar a juicios, lo que desea es intimidar a la Prensa para que deje de cumplir su obligación de interesarse en el comportamiento de funcionarios de dudosa reputación, con mal uso de los fondos a través del retorcimiento de las leyes y las figuras legales, como es el evidente caso de los fideicomisos con fondos públicos, cuyo fin es escapar del control de las instituciones estatales encargadas de impedir el latrocinio y la corrupción, aunque sea escondida.

De tener efecto esa intimidación, una de las nefastas consecuencias sería que los medios informativos callaran frente a actos arbitrarios, ilegales y atentatorios contra los derechos de los guatemaltecos. Demandas como las de Arzú, un incorregible admirador de dictadores como Ubico y Carrera, se enmarcan en los nuevos códigos de censura, como es el caso de Ecuador, cuyo presidente es admirado por el alcalde capitalino, a tal punto que convierte en tema de la publicación oficial de la comuna el vergonzoso caso de la multa de 40 millones de dólares contra el periódico El Comercio, de Guayaquil.

Tampoco puede dejar de mencionarse la confusión conceptual del alcalde, y obviamente de sus abogados, entre los conceptos de injuria y de abuso del derecho, a los que cree sinónimos. No lo son. Todo esto solo puede ser resultado de una actitud enfermiza de quien de manera consciente se considera superior a la ley, lo que en esencia significa que no puede funcionar dentro de la democracia.