como un golpe en la cabeza de uno de los muchachos, que no fueron correctamente investigados.

Nahomy Lara, Ángel Rodolfo de León Palacios y Juan Carlos Velásquez Marroquín formaban parte del grupo de alumnos que llegaron a las instalaciones de la mina a una gira de trabajo para observar murciélagos, aves, cocodrilos y peces. Esa noche salieron en una pequeña embarcación y nunca regresaron. La versión oficial es que se ahogaron.

Sus compañeros que recibieron la voz de alerta sobre el accidente, exigieron que se les permitiera contribuir a la búsqueda esa misma noche; sin embargo, tuvieron que permanecer en el campamento, porque nadie los dejó participar. Luego recibieron información incompleta, versiones contradictorias y datos aislados de lo que habría ocurrido; el único sobreviviente, Lemuel Valle Albizúrez, biólogo de la mina, no habló directamente con los familiares que llegaron a la CGN luego de enterarse de lo sucedido, por lo que todo quedó en una nebulosa que hasta hoy no ha sido esclarecida.

En la mochila de Ángel, buen nadador y capacitado en salvamento, aparecieron papeles y recibos con nombres de personas desconocidas, nadie explica su procedencia. Tampoco ha habido explicación convincente sobre cómo en un lago tranquilo, a muy pocos metros de la orilla, tres jóvenes que usaban chalecos salvavidas —los cuales no tenían puestos cuando fueron encontrados— se ahogaron. Y no se entiende que las autoridades de esa universidad exijan a los padres que firmen un finiquito que les exima de toda responsabilidad, como requisito para cobrar un seguro de vida.

Si este país no fuera Guatemala y en Izabal las bandas de crimen organizado y narcotráfico no anduvieran a sus anchas; si las compañías extractivas —incluyendo la CGN—, cumplieran protocolos y estándares internacionales para su funcionamiento y las empresas privadas de seguridad estuvieran bajo control, nadie podría pensar que lo que pasó aquella noche fue otra cosa que un accidente. Pero esto es Guatemala y el sistema funciona para proteger poderosos intereses, aún y cuando en el medio se pierdan valiosas vidas como las de estos tres jóvenes.

No se está señalando a ninguna persona o institución como culpable, se está exigiendo que se haga una investigación científica y exhaustiva que despeje todas las dudas y se llegue a la verdad. Se lo merecen estos padres y madres de familia cuyas vidas se destruyeron con la pérdida de sus hijos y hoy se enfrentan —a pesar del dolor— a una poderosa empresa minera y a una reconocida universidad; se lo merecen Ángel, Juan Carlos y Nahomy; y también este país harto de tanta desidia, complicidad y opacidad.