El otro bebé hasta ayer luchaba por su vida. Mientras tanto, en Zacapa, el ataque armado contra cinco  integrantes de una familia dejó como saldo a dos  hombres muertos y tres  mujeres heridas, entre ellas a una niña de 6 meses.

Unos días antes, Silvia Orozco, madre de una niña de 10 años, fue acribillada a bordo de su taxi, en la zona 6 capitalina, y Víctor Manuel Cac Tzoc, de 16 años y comerciante de telas típicas, fue asaltado y asesinado para robarle su mercancía, en Santa María Chiquimula. Ese mismo día, en Escuintla, Pedro José Albajara, adolescente de 14 años, perdió la vida por heridas de arma de fuego.

Imposible consignar en un espacio tan reducido la cantidad de asesinatos perpetrados en el breve lapso de una semana, lo cual hace aparecer las palabras del mandatario como un sarcasmo, cuando declara al  2015 como el Año de la No Violencia en Guatemala y promete una seguridad que en los tres  años transcurridos de su gobierno no se ha cumplido.

Aun cuando los medios de comunicación reportan a diario un promedio de 16 asesinatos, una cifra que delata el pavoroso estado de inseguridad en el país, quedan muchas otras víctimas en total oscuridad mediática. Estas son las familias de los muertos: sus parejas, sus hijos, sus madres y hermanos, muchas veces segundos en la línea de las extorsiones y venganzas, con su vida destruida, su futuro incierto y a merced de los agresores.

El colapso del sistema de Salud Pública incide también como un factor de violencia contra la población de menores recursos, al no proporcionar la atención debida a quienes recurren a él. Las condiciones en las cuales funcionan los hospitales nacionales constituyen una violación a los derechos humanos de su personal y de los pacientes, cuyo único recurso en caso de enfermedad es el sistema público, actualmente incapaz de responder a la demanda y hoy dependiente de un ministerio señalado por la corrupción y el pésimo manejo de sus recursos.

Ninguna proyección optimista de la realidad —como parecen ser las ilusiones presidenciales—  cambiará la dura realidad enfrentada a diario por millones de guatemaltecos. La constante amenaza de muerte se encuentra a la vuelta de la esquina, tras las puertas del propio hogar, en los buses del transporte colectivo o en la parada del semáforo. El estado de paranoia no es gratuito, tiene sus raíces en las cifras absurdas de muertos inocentes cuyo destino fue cifrado por una pandilla, una organización criminal o un grupo de policías corruptos.

El Año de la No Violencia en Guatemala será posible cuando las autoridades de gobierno actúen con estricto apego a la ley, la ciudadanía se involucre en la fiscalización de sus instituciones, se eliminen los rincones oscuros para transparentar la ejecución de los fondos públicos y se depuren las fuerzas de seguridad. A eso, añadir un sistema de justicia implacable con el crimen que ha marcado al país con una huella macabra.

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