Prensa Libre

FRANCISCA GóMEZ GRIJALVA

 fue ejecutada por agentes del Estado (Ejército, Policía Nacional, escuadrones de la muerte y Patrullas de Autodefensa Civil). Según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999), la violencia sexual fue parte medular del genocidio que se cometió, especialmente contra las poblaciones mayas.

A 15 años de la firma de los acuerdos de paz, la violencia sexual y los asesinatos contra mujeres son delitos que han ido en aumento. Por ejemplo, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) reportó que en el 2002 fueron asesinadas 317 mujeres, y en el año 2010 la cifra aumentó a 680 muertes (Diario Digital ContraPunto, 12/01/2011). Lamentablemente, la mayoría de estos crímenes ha quedado en la impunidad.

Es alarmante que cada año se reporten aproximadamente 10 mil casos de violaciones sexuales contra mujeres y niñas, este flagelo sigue asolando a Guatemala, donde supuestamente se vive en paz. Antecedentes inmediatos de estos delitos de lesa humanidad los podemos situar en el conflicto armado interno.

Escasos estudios y pocas organizaciones de la sociedad civil se han atrevido a abordar y a denunciar la violencia sexual contra las mujeres, niñas y adolescentes, que en muchos casos, deriva en asesinatos cometidos con absoluta crueldad, saña e impunidad.

Y en este contexto, muchas mujeres no se atreven a denunciar, debido a la cultura machista que las sumerge en un profundo temor por la impunidad con que actúan los agresores; alimentada por la propia sociedad guatemalteca que ante este tipo de crímenes, reacciona con hermetismo, negación, rechazo a la víctima o silencio; en vez de indignarse y exigir justicia.

Por eso, cuando las mujeres deciden buscar ayuda, suelen afrontar la re-victimización, porque muchos operadores y auxiliares de justicia cuestionan la veracidad de sus denuncias, también sufren ofensas, amenazas, control social; porque no existe un sistema de atención en salud y un sistema de justicia que les brinde los servicios médicos y psicológicos adecuados, además de una pronta y cumplida aplicación de la ley. De esa cuenta, no se castiga a los culpables y las mujeres quedan totalmente desprotegidas y expuestas ante sus agresores.

La persistencia de esta cultura patriarcal, racista y misógina que atenta contra la vida y la dignidad de las mujeres, sin importar su adscripción étnica y su condición social, crea el desafío de luchar contra la impunidad, tanto para la sociedad guatemalteca, como desde el Estado y en particular en la administración de justicia. Es imprescindible establecer mecanismos eficaces y eficientes para erradicar estos crímenes.