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Opinión

EDITORIAL

Bolsas solidarias, Fonapaz, etcétera

Muy poca sorpresa deben causar las declaraciones del presidente Otto Pérez Molina respecto de las anomalías que han aparecido en el programa de bolsas solidarias, creado por el gobierno anterior, así como de la necesidad de investigar con profundidad la situación del Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz), la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) y otras entidades gubernativas que no han sido famosas precisamente por la transparencia con que manejan los fondos quienes llegan a dirigirlas, debido casi siempre a premios y componendas políticas.

Es muy simple el motivo principal por el que en este tipo de entidades muy pronto o desde el principio surge la corrupción, y este es la falta de controles efectivos, la discrecionalidad de las decisiones, el compadrazgo y todo tipo de presiones provenientes de las más altas autoridades del Gobierno, que tienen relación directa con el nombramiento de las personas que los dirigen y con los anómalos fideicomisos utilizados para el manejo de los fondos.

En algunos casos, el mismo concepto del nombre resulta ambiguo o no suficientemente claro en sus alcances. Covial es claro que se encarga de mantener en buen estado los caminos a su cargo. Pero el fondo “para la paz” deja abierta una enorme gama de posibilidades, porque en un sentido lato, al no estar el país en ninguna guerra ni enfrentamiento armado interno, tampoco habría necesidad de tenerlo. Pero en su sentido amplio, casi metafórico o poético, caben programas con cualquier meta y entonces la falta de control se convierte en una virtual puerta al posible pillaje de los recursos.

En este tipo de entidades con poco control proliferan los abusos a través de nombramientos de personas incapaces o malintencionadas, que utilizan mal los recursos por medio de prebendas de todo tipo o de relacionarse directa o indirectamente con organizaciones no gubernamentales ficticias. Ciertamente, realizan alguna parte de la obra que les es encomendada, pero el problema surge cuando la falta de auditorías y demás acciones similares impiden conocer si se justifican los precios pagados, las contrataciones y el tiempo de realización.

Comienzan a aparecer las situaciones anómalas de las bolsas solidarias no solo en el campo de la adquisición de los insumos, sino también en cuanto a ser utilizadas como instrumento de clientelismo político, ser vendidas a muchos de los usuarios y a que las personas contratadas para el reparto hayan sido en realidad activistas de la UNE y sus candidatos. Estos hechos fueron señalados en su momento, pero las denuncias quedaron obviamente en el vacío.

El gobierno actual, al investigar las anomalías y denunciar a los responsables, de hecho, también en cierta manera adquiere una responsabilidad: no caer en lo mismo. Resulta alentador saber de la más reciente denuncia penal que presentó el viernes la Contraloría General de Cuentas por el mal uso de más de Q1 mil millones en Mi Familia Progresa, algo en lo que están sindicados funcionarios de otras entidades, quienes deben rendir cuentas por los malos manejos de esos recursos.


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