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Prensa Libre

05/04/13 - 00:00 Opinión

DE MIS NOTAS

CC restituye el derecho de defensa

Como lo predecimos, aquellos que seguimos el juicio del siglo, el montaje, orquestado y cuidadosamente planificado desde hace meses, no podía continuar debido a que se han venido violando sistemáticamente los derechos de defensa de los acusados, rechazándoles pruebas, peritajes, documentación, testigos, todo esto por medio de vergonzosas arbitrariedades que violan el debido proceso y el derecho constitucional. En no pocas ocasiones se ha visto cómo la jueza no permite las repreguntas de la defensa a los testigos ante evidentes contradicciones

ALFRED KALTSCHMITT

 con lo cual se evidencia la parcialidad de la jueza Jazmín Barrios y el Tribunal de Sentencia completo.

Las atrocidades que algunos testigos han relatado paran los pelos de punta. Vientres abiertos, fetos sacados y estrellados. ¿Como puede responsabilizarse de esto a la jerarquía superior de la línea de mando y cuán jalado que estos hechos —de suyo aislados— tengan implicaciones de genocidio? ¿Y cómo puede la acusación probar que el alto mando ordenó tales atrocidades? ¿En dónde están por las exactas mismas atrocidades los juicios contra el alto mando de la URNG?

Según Prensa Libre en su publicación de ayer: “El fallo del máximo tribunal ordena a Miguel Ángel Gálvez, juez Primero B de Mayor Riesgo, que solicite el expediente al Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, en donde son juzgados los militares por los delitos de genocidio y contra los deberes de la humanidad, y le fija plazo para que resuelva”. “Una fuente del máximo tribunal señaló que el juzgador actuó arbitrariamente al rechazar las pruebas, porque fueron presentadas en el plazo que establece la ley”.

“A criterio de Danilo Rodríguez, abogado de Ríos Montt, el fallo de la CC y el reinicio del juicio contra su defendido debido a que existen ‘problemas de legalidad’, en el caso. El tribunal tiene que reiniciar el debate y excusarse y remitirlo a otro tribunal, porque ya conoció una parte de un proceso en el que existen anomalías jurídicas, aseguro Rodríguez” (elPeriódico, 4/4/13, Pág. 4).

La Corte de Constitucionalidad con este amparo provisional demuestra que no tolerará violaciones al debido proceso, al ordenar al juez la admisión de los medios de prueba ofrecidos por los procesados Ríos Montt, Rodríguez Sánchez y que originalmente fueron rechazados.

La mayoría de los juristas que ha seguido este juicio saben perfectamente que la sentencia ya la tienen escrita... y que será en la Corte de Constitucionalidad en donde se decidirá realmente si los acusados son responsables de genocidio y delitos de lesa humanidad; y si los graves hechos cometidos dentro del contexto de un enfrentamiento armado en contra de algunos indígenas de la etnia ixil pueden imputarse a la máxima jerarquía de la línea de mando y si es o no realmente genocidio.

El pueblo de Guatemala debe tomar conciencia de las graves implicaciones que tiene el delito de genocidio para la imagen del país. Estaríamos marcados de por vida. También deben saber que en el momento en que estos militares sean declarados culpables se abre una caja de Pandora, —por la jurisprudencia que se establece— en la que se iniciarán juicios contra 216 militares “que ya están en las listas de la extrema izquierda internacional en los archivos de la NSA”; comenzando por el presidente de la República, jefes de inteligencia, comandantes de bases y comandos especializados, y para culminar, con el sector privado organizado como está aconteciendo en Argentina, Perú y Chile.

La Corte de Constitucionalidad tiene en sus manos el futuro de Guatemala.


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