Si bien ese amparo no es definitivo ni firme y por ello puede cambiar en un tiempo no especificado, las posibilidades de la alteración de lo dictado son en realidad muy pocas. Lo importante es la ratificación de que todo lo referente a reales o supuestos delitos cometidos en el ejercicio de la libre emisión del pensamiento debe ser tratado por los juzgados de Imprenta, cuando se trata de personas particulares que no ejercen ningún cargo público.

En el caso de los funcionarios públicos, de cualquier nivel, no pueden presentar querella o queja alguna, porque así lo señala el artículo 35 de la Constitución. La razón se basa en que de ser posible esto quedarían eliminados todos los trabajos periodísticos de investigación o de denuncia, los cuales, cuando se refieren a actos de corrupción, por ejemplo, constituirían una calumnia, al acusarlos de un delito punible con cárcel, y serían también difamación, al publicarlos en un medio informativo.

Vale la pena señalar la inconsistencia del criterio para que un juzgado de Femicidio juzgue a una funcionaria pública. Los burócratas, en su calidad de tales, no tienen sexo ni género. Esgrimir que las críticas deben cesar porque le pueden causar problemas a las funcionarias en su calidad de mujeres es un argumento que tiene el evidente motivo de silenciar la crítica. Los delitos juzgados en el tribunal indicado se refieren sobre todo a acciones de violencia y de maltrato físico, lo cual no ocurre con la publicación de críticas negativas o de comentarios mordaces.

El efecto de la resolución de la jueza fue contraproducente, porque causó hasta hilaridad saber que el periodista, por orden judicial, no podía acercarse a la vicepresidenta, de la misma manera como a un marido violento, por ejemplo, se le prohíbe acercarse a la mujer protegida por las autoridades judiciales.

Debido a ello, vale la pena recalcar que la mejor solución para el Gobierno es el retiro de la querella, lo cual haría innecesario que el amparo fuera declarado definitivo y firme, porque esto demuestra la escasa capacidad y conocimiento de la ley que tienen los asesores jurídicos de los dos funcionarios públicos de mayor jerarquía en el Ejecutivo. El presidente ya tuvo lo suyo, con el reciente rechazo a la querella que presentó debido a su molestia por las críticas periodísticas.

En resumen, la CC actuó como debe y dejó claro que son absurdos los intentos de funcionarios y de grupos económico-sociales por crear el precedente que permita eventualmente el encarcelamiento de quienes critican. La lección fue clara y los beneficiados son todos los guatemaltecos, incluyendo quienes tienen hoy altos puestos públicos, que no son eternos.