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Prensa Libre

12/05/02 - 00:00 Opinión

A CONTRALUZ
El secuestro de la libertad de prensa

¿Puede un funcionario público conculcarle a la población su derecho a informarse?, ¿quedará impune este hecho que demuestra la intolerancia y el abuso, cometido con personal y recursos del Estado?

POR: HAROLDO SHETEMUL

¿PODRA UN BUROCRATA secuestrar el tiraje de un medio de prensa y su acción quedar impune?, ¿puede ese funcionario público conculcarle a la población su derecho a informarse, al comprar todos los ejemplares de un periódico para que no se conozca una denuncia hecha ante el Ministerio Público?, ¿quedará impune esta acción vandálica y que demuestra la intolerancia y el abuso en su más alto grado? Estas cuestionantes están en el fondo de la medida que tomó Pedro Joel Martínez, Segundo Registrador de la Propiedad en Quetzaltenango, que decidió el martes y miércoles pasados hacer desaparecer la edición del bisemanario El Quetzalteco, que por estas fechas celebra sus 18 años de vida.

LO QUE PARECIA una noticia sin mayor importancia, de la noche a la mañana adquirió una connotación nunca vista en la ciudad altense. El Quetzalteco cubrió una denuncia de Alfredo López Xicará, de 68 años, ante el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos. El anciano acusó a Pedro Joel Martínez, segundo registrador de la Propiedad, de haberlo agredido verbal y físicamente. La supuesta víctima afirma que el ataque ocurrió luego de que le reclamara al funcionario que una construcción invadía parte de su propiedad, en la zona ocho de Xela. El denunciante asegura que Martínez lo agredió a puntapies, lo amenazó con una pistola y le advirtió que podía despojarlo del terreno, gracias a su cargo en el Registro de la Propiedad.

LA NOTA INFORMATIVA fue publicada el siete de mayo en el bisemanario, pero no alcanzó a llegar a sus habituales lectores. En la madrugada de ese día, personas desconocidas se dedicaron a comprar los fardos completos del periódico, hasta llegar al 95 por ciento de la edición. El Quetzalteco afirma que en el operativo participaron los ocupantes de un picop de doble cabina, color gris, con placas oficiales, así como otros que se desplazaron en varios vehículos, también oficiales. Ante ese hecho, la empresa que publica el periódico decidió lanzar una edición extraordinaria al día siguiente, pero los mismos individuos volvieron a evitar que el bisemanario circulara. Ante la denuncia del periódico y de los demás medios de comunicación de esa ciudad, Martínez se presentó a las oficinas de El Quetzalteco para negar que estuviera involucrado en el secuestro del tiraje y asegurar que tampoco agredió al anciano.

EXISTEN SUFICIENTES evidencias que apuntan a que personal al servicio de Martínez desapareció las dos ediciones. Los voceadores identificaron a las personas que participaron en el operativo como empleados del Registro de la Propiedad, además los vehículos oficiales utilizados estaban estacionados en el sótano de esa dependencia. Es importante distinguir la acusación que pesa sobre Martínez en el Ministerio Público y el señalamiento de la desaparición del bisemanario. En el primer caso serán las pesquisas las que determinen su inocencia o culpabilidad. En el segundo, es repudiable la acción de ese funcionario que se cree con la potestad de desaparecer la edición de un medio por el simple hecho de no estar de acuerdo con una noticia y, para ello, usa recursos y personal al servicio del Estado. A eso se agrega la duda de si el dinero utilizado para comprar el tiraje de El Quetzalteco provino de su bolsillo o de los fondos del Estado, vale decir de los impuestos de los guatemaltecos.

EN JULIO DEL AÑO pasado, el diputado eferregista Baudilio Hichos también hizo desaparecer de la vía pública los ejemplares de Prensa Libre en Chiquimula. Su molestia era un reportaje acerca del poder que mantiene en ese departamento, donde los principales puestos públicos son controlados por sus familiares y amigos. Estas prácticas son condenables desde todo punto de vista porque atentan contra la libertad de expresión y constituyen una mordaza indirecta a la labor periodística. No se puede aceptar jamás que aquellos burócratas señalados por cualquier anomalía se crean con el derecho de secuestrar la edición de un medio tan solo para silenciar una noticia. Ese hecho constituye una abierta y flagrante violación a la libertad de prensa.

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