Prensa Libre

Desde antes que se pronuncie la sentencia que todos sabemos ya escrita, el impacto en la sociedad es claro: tanto entre grupos urbanos como rurales reviven los odios que el conflicto armado creó o exacerbó. Esto ocurre justamente cuando, en medio de nuestras interminables tribulaciones, los guatemaltecos (menos los profesionales del conflicto), habíamos mejorado nuestra convivencia: entre gente de ideologías y trayectorias diversas, entre grupos con intereses distintos y contradictorios, y sobre todo entre indígenas y no indígenas. Esta parodia legal que se está llevando a cabo ya significa en sí misma (independientemente del desenlace definitivo), el fin del proceso de paz que se inició con los Acuerdos de Esquipulas hace más de treinta años.

Dicho lo cual, querámoslo o no, la leche ya está derramada, de manera que lo que nos queda es minimizar el daño, comenzando por los efectos internos de esto, que bien pueden llevarnos a la reaparición de la violencia política. Lo primero que habría que hacer es que cada vez más personas comprendan lo que significa una condena por genocidio, que no se reduce al castigo de personas sino involucra al Estado mismo. Que se conozca qué se deriva de ello, en términos de integridad territorial. Indemnizaciones y oprobio internacional, que perdurará por decenas o centenas de años.

Sin embargo, la cobertura de los medios y las columnas de opinión —salvo muy contadas excepciones— no se han referido a estas nefastas consecuencias, sino se han reducido a informar aspectos del proceso o bien, en el caso de las columnas de opinión, a tomar partido.

Nadie se percata de que el objetivo no es castigar a los oficiales procesados, y seguramente a muchos más que vendrán detrás: de hecho, el genocidio está penado con 25 años de prisión, mientras los crímenes cometidos —por ejemplo— por los autores de la masacre de “dos erres”, fueron penados con centenares de años de cárcel.

Pero más que la información —que siempre llegará a unos pocos— lo que ya no puede postergarse es una atención profunda e integral a la población que sigue sumida en la extrema pobreza.

Ese es el vacío profundo que está debajo de las airadas y justas protestas de mucha gente, y que en ocasiones (no siempre), es aprovechado por los profesionales del conflicto, por los vividores que reciben financiamientos para sus “proyectos”, para perpetuar su negocio, sin importarles en lo más mínimo, ni las comunidades afectadas, ni menos el país.

Sin embargo, quedan líderes auténticos y movimientos sociales sanos, con los cuales se pueden lograr acuerdos e implementar medidas concretas, sensibles y rápidas para atender a esa población abandonada, que ha sido por siglos objeto de todos los abusos imaginables.

Habrá que actuar con cabeza fría. Es muy importante lo que está en juego como para que la cólera nos hunda aún más. El tema del conflicto armado y sus secuelas hay que resolverlo: hacer un esfuerzo titánico para que se implementen medidas que satisfagan a los afectados y que, lejos de perjudicar al país, lo fortalezcan: no se me ocurre otra cosa más que acciones de justicia social como la planteada antes, y al mismo tiempo algo similar a lo que Desmond Tutú y Nestor Mandela hicieron para Sudáfrica: “La verdad y el perdón”.