Prensa Libre

VíCTOR M. RUANO P.

El obispo y los presbíteros que trabajamos en la Diócesis de Jalapa hemos salido en defensa de las comunidades invitándoles a no perder la “calma, a conservar la unidad, a defender la verdad y la justicia y a proteger los derechos humanos”. Lo hacemos porque las conocemos, vivimos día a día entre ellas y sabemos de “su vocación pacífica, de su respeto a la autoridad y de su apego a la ley; sabemos también de sus altos valores humanos y religiosos”. No las visitamos cada 4 años ni cuando se inaugura una obra, que generalmente es un monumento a la corrupción.

Con esta opción no somos cómplices de quienes actúan al margen de la ley, más bien exigimos que sean “cuidadosamente investigados y sometidos al debido proceso legal, pues es probable que existan células del crimen organizado, del negocio de las armas y de la droga en esa zona”. Creemos que “es responsabilidad del Estado erradicar esa lacra, pero sin atropellar a las comunidades e intimidar a aquellos líderes sociales y religiosos que promueven manifestaciones pacíficas en el marco de la ley”.

Denunciamos una vez más que “al origen de la alta conflictividad social que se vive en esos pueblos están los proyectos de exploración y explotación minera y la escasa o nula información que las poblaciones tienen de ellos. Estamos seguros de que si el Gobierno atendiera las legítimas demandas de la población, se hubiera desactivado la enorme presión social que nos ha llevado a la presente situación”. El Gobierno descaradamente protege los intereses de las empresas mineras y no los de la población.

Hemos llegado a estas situaciones límites porque los gobiernos en las últimas décadas han venido implementando “políticas de parches, que no solucionan la situación de pobreza, emigración forzada, racismo y exclusión”; además están provocando “un auge de la criminalización y persecución de líderes comunitarios”

Recordamos al Gobierno “que nuestra realidad actual no es más que el resultado de injusticias sociales acumuladas, fraguadas en esta secular historia de despojo y opresión”. Al mismo tiempo, pedimos que declare públicamente que en Santa María Xalapán y Mataquescuintla no se autorizará ninguna licencia de exploración minera; que se esclarezcan los conflictos de tierra para vivir libres de temores y en un clima de fraternal concordia; y que se promueva el desarrollo humano y social para todos.