Prensa Libre

Decir que solo son licencias de exploración es un sofisma; nuestras leyes están tan bien redactadas que el MEM está obligado a otorgar la licencia de explotación si el explotador ha cumplido a cabalidad con los requisitos exigidos.

Falsa fue su palabra cuando pidió a los ambientalistas de Asorema un análisis sobre la conveniencia de la prórroga del contrato petrolero en área protegida, y les dijo que si la conclusión era que no procedía, “el petróleo no va”. El argumento de que el Ejército llega a Laguna del Tigre a cuidar los ecosistemas es tan engañoso como la propaganda oficial de cómo —gracias al ferry de Perenco— ahora están sacando el ganado que encontraron dentro del parque nacional. ¿Por dónde entró ese ganado? ¿A quién van a cuidar realmente los soldados en Laguna del Tigre? ¿Y qué tal la denuncia telefónica que hizo el gobernador de Petén, sobre el robo de documentos especiales de investigación de campo sobre las condiciones de las áreas protegidas de ese departamento, entre ellos, los informes de contaminación de Laguna del Tigre? ¿Extraño? ¡No! Lo cual nos lleva a especular que van a ignorar la legislación que ordena que —al terminar un contrato de explotación— se haga una auditoría ambiental.

Lo lógico sería que el Ministerio de Ambiente hiciera una evaluación del estado en que se encuentra el humedal más importante de Mesoamérica y que exija evaluaciones de impacto ambiental para cada uno de los pozos nuevos, para los trabajos de readecuación de pozos existentes y, por supuesto, de la mini refinería que contaminará Laguna del Tigre de aquí en adelante. Tristemente, tampoco de ese ministerio se puede esperar ya gran cosa. ¿Cómo es posible que se permitan asegurar que los hallazgos de los científicos de la Universidad de Míchigan no coinciden con los de MARN, porque ellos no encontraron contaminación en el agua, cuando lo que los investigadores norteamericanos detectaron fue la presencia de metales peligrosos en la sangre y el cabello humanos? Los funcionarios de Montana y sus cómplices del Gobierno seguirán ninguneando los estudios que indican problemas relacionados con la mina Marlin, y fingiendo demencia ante los evidentes problemas que ha causado. Desde que se otorgó, la licencia de la mina Marlin es ilegítima ipso jure: no se informó ni consultó a quienes hoy sufren las desgracias que acarrea la minería química de metales. Es patético que sean los habitantes de las comunidades afectadas quienes tengan que probar científicamente la contaminación. Es absurdo que un presidente que se las lleva de socialdemócrata entregue más riqueza guatemalteca a la voracidad de las transnacionales mientras el pueblo que lo eligió se empobrece irreversiblemente. Y es obsceno que el Gobierno permita que los transas petroleros cacaraqueen que “el agua es un derivado del petróleo”. Aprovecho para aclarar que no tengo nada que reflexionar sobre la medalla que el señor Calvinisti “insinúa” no devolví.

Lo que sí tengo es la carta, firmada en la Secretaría de la Presidencia, donde consta que allí la dejé el 13 de agosto, el día que entró en vigencia la sentencia de muerte de Laguna del Tigre. Yo no tengo por qué mentir.