Prensa Libre

De nuevo se hace uso de la burla a la ley o del aprovechamiento indebido de lagunas en los reglamentos electorales. Las fiestas de Navidad y de Año Nuevo han servido para mandar mensajes en campos pagados, con la evidente intención de mantener vigentes a estos personajes, que también han adquirido vallas en las carreteras y repartido regalos entre sectores desposeídos, con el fin de ganar voluntades que luego se conviertan en votos.

Otros han obtenido espacios similares para instar a los ciudadanos a inscribirse en los partidos, pero con la foto de quienes, para sorpresa de nadie, se convertirán en los candidatos de las agrupaciones existentes o que serán formadas, todos ellos grupos sin base ideológica, creados con el único fin de llevar a alguien a la presidencia de la República, como ha sido el caso y la razón que explica la mortandad de pseudopartidos a lo largo de los últimos 27 años.

La ley de la materia indica que el Tribunal Supremo Electoral debe controlar toda actividad proselitista y autorizar cuándo esta comienza, seis meses antes de la realización de las elecciones, es decir, en este caso, a mediados del 2015. Por esa causa, le toca demostrar no solo su interés por mantener la legalidad del proceso, sino en que la vida nacional no se vea interrumpida o afectada a causa de la lucha electoral, que en nuestro medio es una pelea electorera.

El TSE tiene la obligación de enfrentarse a los personajes políticos que sueñan con la presidencia y creen que con adelantar la lucha tendrán mejores oportunidades de obtener la victoria. La historia reciente dice lo contrario, en el caso de la Unión del Centro Nacional, en los ochentas, que comenzaba antes y no por eso ganó las dos elecciones en las que participó. En la contienda pasada, el actual partido de gobierno comenzó la campaña del actual presidente, Otto Pérez Molina, con vallas que instaban al voto, ilustradas con su imagen. Luego, simplemente cambiaron el texto por uno llamando al voto.

Lo más preocupante de este comienzo tan anticipado de la lucha electoral consiste en que a consecuencia de la falta de recursos propios de los partidos entran a jugar los financistas para pagar todos los gastos derivados. Con ello solo se afianzan más los compromisos de campaña, que luego son pagados por los presidentes con una serie de prebendas y de ilegalidades. Ninguno de los gobiernos del país se ha escapado de esta grave situación.

Tiene la palabra el Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuya imagen quedó debilitada en el anterior proceso comicial. Por ello urge un pronunciamiento y una acción para evitar que la existencia del TSE sea solo una fachada. Ningún país puede darse el lujo de mantenerse en propaganda política constante. Es uno de los riesgos mayores para la democracia.