Prensa Libre

CAROLINA VáSQUEZ ARAYA

Esta es una de las muchas vertientes de la “privatización” de los asuntos más peligrosos en el tema de seguridad y una manera de lavarse las manos ante actos reñidos con las leyes locales e internacionales. Además de Blackwater, estos contratos de tiempo limitado se han firmado con otras empresas como Lockheed Martin, Reytheon, ARINC y U.S. Training Center.

La estrategia, implantada durante la época de G. W. Bush, buscaría en esencia evitar críticas y señalamientos sobre procedimientos dudosos en un negocio tan sucio como las drogas y el combate del tráfico hacia Estados Unidos. Pero el problema que se evitan a nivel de imagen pública y riesgo de represalias, se lo endosan a México, Guatemala, Honduras y otros países señalados como origen y pasadizo de los estupefacientes, al enviar hombres y equipo bélico y de inteligencia sin nexos institucionales ni legales con el gobierno de Estados Unidos. Esta política de sacar las castañas con la mano del gato le garantiza al Departamento de Estado una conveniente distancia respecto de las acciones de estos grupos.

Fácil resulta decidir sobre el destino de otros. De hecho, para el gobierno estadounidense ha sido esta una de las políticas más representativas de sus relaciones internacionales. Llama la atención que las naciones afectadas por esta clase de decisiones no muestren señales de aprobación ni rechazo, lo cual significa que sus ciudadanos no tienen conocimiento alguno de estos procedimientos tan riesgosos.

“Aquí entramos en un área imprecisa, donde las normas de combate no son claras y hay casi cero responsabilidad para con el público o el electorado”, declaró Bruce Bagley, director del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami, refiriéndose a estas contrataciones.

En lo relativo a las repercusiones legales que tiene para Guatemala el ingreso de grupos de tarea ajenos a los Estados —de hecho se trata de empresas privadas— sería interesante conocer la opinión de la Corte de Constitucionalidad, del Congreso de la República, del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, de la Universidad de San Carlos y de la Corte Suprema de Justicia sobre este tema, por supuesto sin dejar de lado al procurador de los Derechos Humanos, quien sin duda está al tanto de esta estrategia, por su impacto negativo sobre su área de acción.

En medio de este asunto maloliente, surge de inmediato la inquietud sobre la soberanía nacional. ¿Qué dice el texto constitucional respecto de la existencia en el territorio guatemalteco de fuerzas armadas paralelas? ¿Qué les parece a los expertos constitucionalistas que esas fuerzas, encima de todo, sean extranjeras? Fascinante dilema para quienes, desde posiciones de gran poder, aplaudieron en su momento la brillante idea de Bush de ofrecer más carne al sector privado con la bendición de la permisiva élite económica de los países afectados.