Prensa Libre

Consideramos que el presidente de la República y los ministros que firmaron el acuerdo gubernativo 214-2010 (y no así aquellos que razonaron su voto en contra) actuaron autoritariamente y no respetaron el ordenamiento jurídico constitucional, la legislación ordinaria ni los tratados y convenios en materia de derechos humanos ratificados por el Estado de Guatemala. Estos funcionarios despreciaron el ordenamiento jurídico guatemalteco para beneficiar a una sociedad anónima, aunque se hayan esforzado en disfrazarlo de otra manera. En el texto de la acción de inconstitucionalidad expresamos que la prórroga y ampliación del contrato 2-85 viola normas constitucionales, como las garantías de irretroactividad de la ley, del debido proceso, el del imperio de la ley y la sujeción a la ley, entre otras; y se argumenta jurídicamente cómo estas y otra serie de violaciones a nuestras leyes atentan contra el estado de Derecho. Se puede encontrar la argumentación completa en http://www.saviaguate.org/ecopinion/?q=node/108 y cualquier persona puede escribir a los honorables magistrados de la CC para apoyar nuestra petición.

Este es un caso de violación a nuestro sistema legal que podría sentar un importante precedente, si la más alta corte de justicia nos asiste. Un país con funcionarios corruptos e instituciones débiles es el escenario perfecto para los intereses de transnacionales como Perenco, acostumbradas a salirse con la suya, con la complicidad de socios locales, como se hizo en este caso con la Ley de Fonpetrol, que fue donde se originó el entuerto. El futuro puede ser peor, si seguimos permitiendo, indiferentemente, que se viole y se retuerza tan grotescamente nuestro sistema legal. Pero, además de la ilegalidad, está la perversidad de imponer explotación petrolera en uno de nuestros parques nacionales más importantes. Con esta temporada lluviosa ha quedado más que clara la relación entre la destrucción de la naturaleza, los desastres que esto provoca, el desequilibrio climático y el alto costo que tenemos que pagar. Ya no es tiempo de pensar en cómo hacer negocio con nuestros bienes naturales, es hora de defenderlos a capa y espada, porque de ellos dependemos para sobrevivir. No nos engañemos: la explotación de petróleo no va a beneficiar al pueblo guatemalteco; solo va a poner en riesgo la salud de las personas y los ecosistemas cercanos a pozos, oleoducto y refinería. A menos que nuestros empleados públicos se den cuenta de que hay límite para su ambición y desfachatez, seguiremos viendo cómo —gobierno tras gobierno— nos quedamos sin recursos naturales tan vitales como el agua, para hacerle frente a un futuro que se ve cada vez más negro.

Cinco ciudadanos y tres abogados —convencidos de que es nuestro deber participar en la vida política de nuestro país; comprometidos con la tarea de rescatar pacíficamente a Guatemala de los fantasmas de corrupción e ilegalidad que la tienen secuestrada, y aferrados a creer en milagros— recurrimos a nuestra más alta corte de justicia. Esperamos, confiados, en que los honorables magistrados cumplan con su sagrada misión de defender nuestra Constitución.