Prensa Libre

FRANCISCA GóMEZ GRIJALVA

 las luchadoras y luchadores sociales que actúan y denuncian las violaciones a los derechos fundamentales de los sectores más excluidos continúa bajo el amparo de la impunidad.

La impunidad está legitimándose cada vez más, al grado que en Guatemala denunciar las injusticias sociales constituye un delito, por ello, quienes en el transcurso de la historia de este país se han armado de valor para denunciar las inequidades sociales han afrontado intimidaciones y quienes han sobrevivido a la persecución cargan con el estigma de ser criminales y desestabilizadores de la ley.

Al respecto, resulta aberrante que en un contexto “democrático” Otto Pérez Molina y el ministro de Gobernación criminalicen y censuren a las lideresas y líderes que luchan por sus legítimos derechos sociales, territoriales y políticos. Con el agravante de que los medios de comunicación masivos, en complicidad con los sectores conservadores, refuerzan estas lógicas represivas de gobierno y que además excluyan de sus contenidos información verídica sobre crímenes cometidos contra liderazgos comprometidos con la justicia social.

No es casual que a excepción de los medios de comunicación comprometidos con la población, ningún otro medio se preocupa en reportar crímenes repudiables que se cometen contra personas en defensa de los derechos humanos. Entre los ejemplos quiero citar que el 3 de enero del presente año, Vicente Tuyuc Velásquez —hermano de la reconocida lideresa Rosalina Tuyuc— fue brutalmente vapuleado por hombres desconocidos en Sololá; los golpes que le propinaron fueron mortales, segándole la vida.

Vicente era un líder maya kaqchikel y sobreviviente del conflicto armado interno, por muchos años fue educador popular y como parte de sus esfuerzos de comunicador social era responsable de la transmisión y conducción del programa ¿Qué son los Derechos Humanos?, en la radio comunitaria La Voz del Tablón.

Recientemente, las 12 comunidades maya kaqchikel de San Juan Sacatepéquez denunciaron que el 6 de enero, Juan Set, dirigente comunitario de la resistencia contra la instalación de Cementos Progreso en su territorio, sufrió un intento de secuestro.

A mi parecer es necesario denunciar que en este país no se ha avanzado en materia de seguridad ciudadana y respeto a la dignidad humana. Los crímenes cometidos contra Juan Set y Vicente Tuyuc indudablemente son evidencias claras del contínuum de la represión contra las comunidades y personas que se manifiestan críticas, pensantes y defensoras de la vida.