—diferente e interesado— sea realmente el propósito final. De esa guisa, se sostienen los movimientos antihidroeléctricas en Huehuetenango, denunciados por los Cocodes, legítimos representantes comunitarios; el ninguneo a la corporación indígena de Sololá; la falta de detenciones de criminales señalados y con orden de captura en Barillas, la permisividad con los ladrones de electricidad en San Marcos o la libre actuación de asesinos anticementera en San Juan Sacatepéquez, además de otros muchos.

El Estado, lejos de cumplir con su deber de aplicar justicia y evitar los delitos manifiestos que se cometen, negocia “paz” por delincuencia controlada y permite que roben la energía eléctrica a pesar de haber más de 500 denuncias sin detenciones, procesamientos y encarcelamientos de culpables, por otra parte perfectamente identificados. Los réditos no son menores. Esos chantajistas agrupados en ONG obtienen pingües beneficios que se cifran en millones anuales. Parte de ese dinero del que se apropian —25/30%— es su modus vivendi y les permite enriquecerse, algo confesado en prensa por cierta activista de esos robos. El resto lo reinvierten en movilizaciones, compra de voluntades, pago de infraestructura, logística y reinicio del proceso.

Lejos de ser un beneficio para la comunidad, provocan un auténtico desastre, cada vez más complicado de resolver. Los ciudadanos honestos son obligados bajo amenaza a que se conecten al servicio que esos delincuentes proveen (producto del robo) y la empresa no puede entrar a esos lugares porque sus operarios son secuestrados o linchados. Cada vez son peores la condiciones de suministro y menor la certeza jurídica, lo que empeora el servicio. El Gobierno calla porque sabe que de no hacerlo le ponen patas arriba la localidad, y consiente el chantaje “controlado” que pagamos el resto de ciudadanos. Aquí no hay conflictividad social, tal cual la quieren hacer ver. Es cierto que hay problemas que deben solucionarse, como la construcción de determinada infraestructura para que localidades lejanas cuenten con servicios mínimos, pero eso no puede hacerse consintiendo el crimen y el terrorismo ni desligándose de la responsabilidad inherente del gobernante de proporcionar seguridad y hacer cumplir la ley.

Aprendida la lección, otros grupos hacen lo propio y negocian el perdón de deuda producto de ventas de terrenos, también bajo presión. Hace tiempo consiguieron las tierras y ahora se niegan al pago. Otro robo permitido que parece no impactar mucho en la conciencia de quienes lo pagamos. Los políticos despojan; los criminales desvalijan; ciertas ONG roban y algunos delincuentes se llevan lo que queda. El Gobierno calla; el MP enmudece; la justicia cierra los ojos. Usted, yo y muchas comunidades se empobrecen, mientras somos asaltados en esta democracia popular (de populacho, que diría Sartori) que termina derivando al populismo depredador. Algún día, como en Venezuela, lo asesinarán. Aquí sobran sicarios que llevan tiempo sin jalar el gatillo ¡Club de pandilleros terroristas y sus correspondientes defensores (as), aupados por inútiles y castrados gobernantes!