Lo cierto es que ambas estimaciones podrían  fallar de nuevo, ya que esas metas han dejado de cumplirse en los últimos  años y la Superintendencia de Administración Tributaria no ha logrado esos objetivos, lo que ha obligado a las principales cabezas de esa dependencia a renunciar al cargo. Hasta ahora nadie ha podido convencer a los políticos de las incongruencias entre los ingresos y el modelo dispendioso para el gasto, mientras organismos como el Congreso incurren en la irresponsabilidad de aprobarse montos incomprensibles.

 Ese divorcio que se evidencia en la forma de repartir los ingresos, cuando se producen crisis como la que tiene en vilo al Estado, hace que las cosas puedan complicarse más de lo previsto, pues el criterio de los tecnócratas pasa a un segundo plano, cuando se impone  el de los políticos, hasta para repartir los pocos fondos. Esto constituye una seria amenaza a la institucionalidad, pues un grupo reducido de personas está  decidiendo con discrecionalidad a quiénes y en qué cantidades se les entregan esos aportes que son obligatorios.

La jefa del Ministerio Público se unió a las demandas, que son reiterativas,  porque ya lo han hecho otras instituciones, para que el Ejecutivo les asigne los fondos que obligatoriamente les corresponden, pues ya están previstos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación. Luego se elevó la queja del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que también advirtió de que paralizaba las pruebas de ADN, y a ese justo reclamo se sumó la Corte Suprema de Justicia, para evitar  la asfixia financiera. Inyecciones monetarias de improviso aplazaron la debacle.

El panorama se complica porque, como ocurrió esta semana, apenas con asignaciones de última hora se lograron contener males mayores, aunque desde los distintos sectores que afrontan esas limitaciones se advierte de que solo es un alivio. Por si no fueran suficientes los reclamos, ahora también se agrega la demanda del Banco de Guatemala, para que por lo menos se le cancele una parte de la millonaria deuda que le tiene el Estado, pese a que es una de las entidades que debe avalar los millonarios endeudamientos.

Hasta ahora pocas son las voces que se han alzado para denunciar la gravedad de la situación y las principales autoridades del Gobierno mantienen un extraño silencio, aunque los gastos en otras áreas no parecen dar muestras de la dimensión de la crisis que afronta el país. Sin embargo, la falta de liquidez es mucho más grave, ya que se inicia un nuevo mes en que no solo volverán esas demandas, sino   probablemente se añadirán otras, como ya  la hizo  el Tribunal Supremo Electoral, al señalar que no le asignaron recursos suficientes para promover el proceso electoral.