Prensa Libre

MARIELOS MONZóN

Por eso titulé mi columna ¿Despertará Guatemala?

Al día siguiente, y como una macabra confirmación de lo escrito, seis mujeres fueron asesinadas, entre ellas dos niñas de 6 y 12 años, su madre y una tía. Las pequeñas fueron estranguladas y aparecieron con sus pijamas en un sector de la ciudad, los otros dos cuerpos presentaban heridas de armas de fuego y se encontraban lejos del área. Es inevitable pensar en el terror que debieron sentir estas chiquitas y en el dolor que sufrieron previo a su muerte, y en la angustia de su madre cuando le fueron arrebatadas.

Esto que pasó no puede menos que causar rabia, indignación, tristeza profunda y desesperanza. Una querida amiga me escribió un correo electrónico en el que me compartía un comunicado de la Instancia Multisectorial por la Vida y la Seguridad de las Mujeres y me decía: “Por favor, aunque pareciera que seguimos necias, comentá esta situación, nos indigna el irrespeto a la vida de las mujeres y el sufrimiento de niñas y niños, además del de los adultos. ¡Ya no sabemos qué hacer!”.

Su clamor es el de muchos en el país, y en especial el de los padres, madres, hijos e hijas de las más de seis mil mujeres asesinadas desde el 2001, que siguen buscando justicia y no la encuentran. Inevitable también es referirse a las cientos de mujeres víctimas de violación sexual y tortura durante el conflicto y de las que fueron esclavizadas y utilizadas como botín de guerra. Porque la impunidad para los crímenes del pasado es la madre de la impunidad de los crímenes del presente, y las violaciones a los derechos humanos son la génesis de las atrocidades que se siguen cometiendo.

A estas alturas, y 12 años después de que apareciera la primera mujer asesinada por su condición de género, no caben más retrasos ni más excusas. La aprobación de la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra las Mujeres fue un paso importante, pero sin duda insuficiente para frenar los crímenes y la violencia de género.

Es hora de que las instituciones encargadas de la seguridad pongan como prioridad uno el detener los femicidios en el país. Es momento de que los tres organismos del Estado lo coloquen como punto central de la agenda; que el Gobierno, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia —con el presidente, la fiscal general y los magistrados a la cabeza— hagan hasta lo imposible por capturar y castigar a los victimarios. Es hora de que las iglesias, los partidos políticos y quienes dirigen los medios de comunicación inicien una campaña de condena, exigencia y prevención que rompa el círculo de violencia e incline la balanza a favor de la vida. No hay más tiempo que perder.