Prensa Libre

POR CAROLINA VáSQUEZ ARAYA

La adhesión al Estatuto de Roma coloca a Guatemala entre las naciones que condenan y sancionan los crímenes de guerra, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, y muestra su voluntad de poner a disposición de la Corte Penal Internacional a todo aquel que cometa estas atrocidades, con el fin de que sea juzgado y condenado por esa instancia mundial.

La trascendencia de la ratificación va mucho más allá de un gesto diplomático. Representa un compromiso de Estado que obliga al sistema de administración de justicia de los países signatarios a impartir justicia en aquellos casos usualmente derivados del abuso de poder, como sucedió durante el conflicto armado en Guatemala con las masacres de comunidades indígenas.

Aun cuando la ratificación del tratado no permite su aplicación con efecto retroactivo, constituye un parte aguas en el sistema jurídico, al ejercer presión para no permitir espacios a la impunidad en casos de esa envergadura, lo cual, de suceder, abre la posibilidad de intervención de esta Corte Penal, otorgándole jurisdicción sobre ellos.

En su preámbulo, el documento base del Estatuto menciona la estrecha relación existente entre los pueblos y sus culturas, así como la fragilidad de este tejido, enfatizando en la amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad, que constituyen las atrocidades cometidas en contra de niños, mujeres y hombres.

Más allá de su importancia formal, este paso hacia el establecimiento de un mecanismo adicional que garantice la aplicación de justicia y la lucha contra la impunidad debería despertar una esperanza en un futuro sin retrocesos históricos, un futuro libre de la amenaza de violaciones a los derechos humanos por parte de estructuras paralelas, como se ha visto en las últimas décadas, pero también por parte de instituciones desviadas de lo establecido en la Constitución.

La paz y la seguridad son una de las mayores aspiraciones de la población guatemalteca, y esta aspiración se ha visto frustrada de manera reiterada con cada administración de gobierno. Los mecanismos de justicia han sido usualmente ineficaces para enfrentar esta situación, pero comienzan a mostrar avances en la dirección correcta. La decisión del renovado Congreso de la República de ratificar el Estatuto de Roma ha sido una buena manera de mostrar la voluntad política de buscar la paz y la concordia a través de un compromiso de respeto a los derechos humanos.

Este acto simbólico exigirá un esfuerzo consecuente con su esencia, al incluir a Guatemala en el listado de países democráticos en búsqueda de una paz firme y duradera, tal como se estableció en los acuerdos de paz.