Prensa Libre

El conflicto puede ser sintetizado así:

1. La Comisión de Asuntos Electorales resolvió no admitir la inscripción de tres aspirantes a candidatos —interesados en participar en las elecciones que se efectuarían el último sábado de noviembre del año pasado— porque según el leal saber y entender de la Comisión los tres afectados no estaban solventes “en todas sus obligaciones económicas con el Instituto”, requisito que es exigido por el reglamento de la ley del IPSP, por el reglamento de la Comisión de Asuntos Electorales y por la convocatoria a elecciones.

Ellos aducen que efectivamente tenían esas deudas, pero por haber firmado documentos que contienen el compromiso de pago por abonos, no son insolventes porque estaban al día en sus pagos mensuales, aunque todavía les faltaba algo por pagar.

La insolvencia se prueba, dice la Comisión, precisamente, con esos documentos que contienen los compromisos de pago y por el hecho de que, el día que venció el plazo para la inscripción de candidatos, no habían cancelado tales deudas. Pagaron, sí, pero extemporáneamente, cuando ya la inscripción estaba cerrada.

El problema estriba en el significado de la palabra solvente. El Diccionario de la Lengua Española (DRAE) dice: solventar: “arreglar cuentas, pagando la deuda a que se refiere”. Por su parte el Diccionario de Derecho Usual, de Guillermo Cabanellas, da dos significados jurídicos a la palabreja: a) solvente: libre de deudas, b) solvente: capaz de satisfacerlas a su vencimiento o al ser exigidas.

En resumen: los tres no pudieron pagar cuando se les cobró y al momento del cierre de la inscripción todavía tenían deudas con el IPSP. Eran, pues, insolventes.

Independientemente de si la Comisión tenía razón o no, dos de los aspirantes no pudieron participar en la contienda y entonces, aconsejados por sus abogados, acudieron a un tribunal en solicitud de amparo, el cual fue interpuesto sin haber agotado previamente los medios de impugnación a que tenían derecho, incluida una apelación ante la Asamblea General, la cual se reuniría extraordinariamente, si la apelación estuviese fundamentada, en un plazo de treinta días, para resolver el conflicto. Posteriormente los presuntamente agraviados podían acudir a otras vías, si el reclamo fuese jurídicamente procedente.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala lo explica así:

“Ha sido repetida la jurisprudencia de esta Corte relativa al carácter extraordinario del amparo, dado que el supuesto normal es que las personas promuevan la protección jurídica de sus intereses a través del acceso a la jurisdicción judicial o administrativa, según el caso, en donde, por mandato constitucional, debe resolverse acerca de las proposiciones de las partes. Solamente cuando, agotada la vía correspondiente, subsiste la amenaza, restricción o violación de un derecho, puede acudirse a la de amparo. Esto no ha ocurrido en el caso examinado, ya que el postulante tenía abierto el recurso de casación para plantear las violaciones que ha denunciado y sobre las cuales podía reclamar un pronunciamiento fundado en la ley. El no haber acudido al recurso legalmente establecido denota que no ha cumplido con el principio de definitividad establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad [...]”.

En el amparo contra la Comisión de Asuntos Electorales del IPSP, el Ministerio Público recoge la letra y el espíritu de la jurisprudencia sentada por la Corte de Constitucionalidad, señala la ausencia de definitividad, y pide que el amparo sea declarado sin lugar. Pero, un tribunal de amparo puede resolver de acuerdo con esa opinión, en contra de la misma, o desentendiéndose de ella.

Solo es cuestión de esperar.