Prensa Libre

CAROLINA ESCOBAR SARTI

si la madrugada de ayer aparecieron los cadáveres de dos niñas, aún en pijama, estranguladas en una calle capitalina, es que estamos haciendo muy mal las cosas desde hace tiempo.

Tenemos una deuda histórica con la niñez. Para defenderla y restituir los derechos que le han sido violados, está el “Abogado del Estado”, que es la Procuraduría General de la Nación (PGN). Y dentro de la PGN, específicamente la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia. Lo que aún sorprende es que la PGN, a pesar de llevar años de funcionar, aún no cuente con una ley orgánica. Pero ese será un tema para otro artículo.

Del tamaño de la deuda que Guatemala tiene con su niñez y adolescencia es el tamaño del esfuerzo que hay que hacer para restituirle sus derechos y saltar de verdad al desarrollo de toda una nación. La PGN tiene ante sí un monstruo, y es la protección de la niñez y adolescencia de un país que ha abandonado a millones de personas desde su nacimiento. Por ello muchos nos hemos preguntado si no sería ideal que se creara una Procuraduría General de la Niñez y Adolescencia aparte, con autonomía administrativa y financiera. No hay por qué asustarse. No estamos proponiendo otro elefante blanco, sino que todas las instancias del Estado encargadas de velar por la protección de niñas, niños y adolescentes estuvieran en una sola. Descentralizada, claro, pero autónoma y especializada. Hasta se terminaría ahorrando, creo yo. Pero lo que más importa es que se estaría dando la importancia que merece a un problema fundamental para el país: el cuidado y protección de las generaciones que muy pronto estarán al frente del país que venimos soñando. No es palabra menor.

Hoy, la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia de la PGN no se da abasto. No llega a todo el país, no cuenta con personal ni recursos suficientes, ni ha asumido la importancia que tiene. Siguiendo el mandato de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, a esa Procuraduría le toca practicar dos tipos de procedimientos: el primero para aplicar medidas de protección a favor de toda persona menor de edad amenazada o violada en sus derechos humanos, que es conocido y tramitado por un/a juez/a de niñez y adolescencia; el segundo, para investigar y declarar la responsabilidad penal de una persona adulta que haya cometido delito en contra de un niño, una niña o adolescente, el cual es tramitado ante un/a juez/a del orden penal. A lo mejor comenzando por acciones como la de crear una Procuraduría General de la Niñez y Adolescencia estaría diciendo la clase política que sí le importan los niños, niñas y adolescentes aunque no voten, y caminaríamos en el sentido correcto para hacernos país. Al resto de la sociedad nos toca también lo propio.